Por Francisco Sau Boíx.
La violencia y el terror empleados por el régimen dictatorial y dinástico de la familia Castro contra el pueblo cubano, ha llegado a límites insoportables.
Si bien es cierto que los mayores son responsables de sus actos, así también, de sus no actos, también es cierto que los niños no tienen por qué sufrir las consecuencias de las diferencias político-ideológicas que enfrenta a los hombres, así queda recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño.
En Cuba, no es nuevo que se violan los derechos de los niños, pero de ahí a llegar a aterrorizarlos como se puede apreciar en las imágenes del vídeo a continuación, provoca que cualquier persona con un mínimo de decencia sienta una profunda indignación hacia el régimen en el poder, para concluir preguntándose: ¿para qué sirve la Corte Penal Internacional?
La Corte Penal Internacional (CPI) se rige por el Estatuto de Roma, es la primera corte permanente basada en los tratados, criminal internacional, establecido para ayudar a acabar con la impunidad de los perpetradores de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional.
La Corte Penal Internacional es una organización internacional independiente, y no es parte del sistema de las Naciones Unidas. Su sede está en La Haya en los Países Bajos. Los gastos de la Corte son financiados principalmente por los Estados Partes, así también recibe contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, empresas y otras entidades.
La comunidad internacional siempre ha aspirado a la creación de un tribunal internacional permanente, y en el siglo 20 se llegó a un consenso sobre las definiciones de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Los juicios de Nuremberg y Tokio, orientados como crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.
En la década de 1990 después de finalizada la Guerra Fría, los tribunales como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y para Ruanda, fueron el resultado de un consenso de que la impunidad es inaceptable. Sin embargo, debido a que fueron establecidos para juzgar los crímenes cometidos sólo dentro de un marco de tiempo específico y durante un determinado conflicto, hubo un acuerdo general en que un tribunal independiente y permanente era necesario.
El 17 de julio de 1998 la comunidad internacional alcanzó un hito histórico en el que 120 Estados aprobaron el Estatuto de Roma, la base jurídica para el establecimiento de la Corte Penal Internacional permanente.
El Estatuto de Roma entró en vigor el 1 de julio de 2002 tras su ratificación por 60 países.
La Corte Penal Internacional es una organización internacional independiente, y no es parte del sistema de las Naciones Unidas. Su sede está en La Haya en los Países Bajos. Los gastos de la Corte son financiados principalmente por los Estados Partes, así también recibe contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, empresas y otras entidades.
La comunidad internacional siempre ha aspirado a la creación de un tribunal internacional permanente, y en el siglo 20 se llegó a un consenso sobre las definiciones de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Los juicios de Nuremberg y Tokio, orientados como crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.
En la década de 1990 después de finalizada la Guerra Fría, los tribunales como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y para Ruanda, fueron el resultado de un consenso de que la impunidad es inaceptable. Sin embargo, debido a que fueron establecidos para juzgar los crímenes cometidos sólo dentro de un marco de tiempo específico y durante un determinado conflicto, hubo un acuerdo general en que un tribunal independiente y permanente era necesario.
El 17 de julio de 1998 la comunidad internacional alcanzó un hito histórico en el que 120 Estados aprobaron el Estatuto de Roma, la base jurídica para el establecimiento de la Corte Penal Internacional permanente.
El Estatuto de Roma entró en vigor el 1 de julio de 2002 tras su ratificación por 60 países.
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