Julio 12 (El Tiempo de Bogotá).-Fuentes de altísima responsabilidad en el Gobierno colombiano le confirmaron a EL TIEMPO que hay información confiable que señala que las FARC concretó un negocio para adquirir sofisticados lanzacohetes tierra-aire rusos a través de contactos ubicados en territorio de Venezuela.
Este diario conoció los últimos reportes de un grupo especial de Inteligencia que desde el año 2000 tiene la misión de seguir los movimientos que ha hecho esa guerrilla para revertir la desventaja estratégica en la que quedó cuando las Fuerzas Militares completaron sus flotillas de helicópteros y aviones.
En diciembre pasado, ese grupo estableció que tres representantes de las Farc en el exterior empezaron a manejar información de los misiles IGLA-S24, última generación del armamento tierra-aire desarrollado por la industria militar rusa. Varias agencias extranjeras de inteligencia también manejan versiones en el mismo sentido.
Al frente de los contactos estuvo, según los mismos reportes, 'Iván Márquez', integrante del secretariado de las Farc, y del que el propio presidente Álvaro Uribe ha dicho que está en el exterior.
Hasta ahora no se tiene confirmación de que ese material haya entrado a territorio colombiano. Lo cierto es que la potencial amenaza ya fue notificada a los pilotos de la Fuerza Aérea y de la Aviación del Ejército que están asignados a tres zonas del país donde se concentran las mayores operaciones contra las Farc, y donde están refugiados al menos tres jefes del secretariado. "En los últimos años hemos lidiado con los rockets (RPG). Muchas veces los hemos visto pasar como un fogonazo, por el lado de los helicópteros, pero un misil es otra cosa, y de eso ya estamos notificados", señala un piloto militar. Una de las fuentes confirmó que las Farc, a través de 'Márquez', estaban detrás de al menos 20 de esos misiles, cuya velocidad supera de lejos la de los aviones y helicópteros militares que cambiaron el curso del conflicto.
El tema es tan delicado que ya ha ameritado dos reuniones entre el alto Gobierno y la cúpula militar. Se han analizado varios escenarios: desde la búsqueda de nuevas tecnologías capaces de conjurar la amenaza, hasta rastrear los seriales de los misiles que estarían en manos de la guerrilla, para determinar quién los compró.
Una fuente de la Casa de Nariño reveló que el asunto estuvo en la agenda del presidente Uribe durante su última visita oficial a Venezuela, en abril pasado. Agregó que el gobierno del presidente Hugo Chávez se comprometió a hacer averiguaciones al respecto.
La intención de las Farc de conseguir misiles tierra-aire está documentada en extenso en los computadores de 'Raúl Reyes' y es ampliamente conocida en el mercado negro de armamento en todo el mundo. Tanto así, que el famoso 'Mercader de la Muerte', Víctor Bout -capturado en Tailandia el año pasado en una operación encubierta de la DEA, que usó a la guerrilla colombiana como señuelo- ofreció vender entre 700 y 800 lanzacohetes. "El 26 de enero del 2008, durante una reunión en Rumania (...) se informó que Bout tenía 100 misiles IGLA disponibles inmediatamente", se lee en el expediente contra el traficante ruso, al que E.U. pide en extradición.
En promedio, cada lanzacohetes se negociaría por unos 100 mil dólares. En Colombia y en E.U. hay preocupación por el control sobre un lote de misiles de ese tipo que Venezuela le compró recientemente a Rusia para armar su Unidad Antiaérea de Combate a Pie. Es la misma que exhibió 50 cohetes IGLA en el desfile militar del pasado 19 de abril, día de la independencia venezolana.
"Los lanzamisiles antiaéreos portátiles que Venezuela le ha comprado a Rusia son sistemas muy modernos. Es importante que se controlen debidamente para que no terminen en otras manos", dijo en ese momento Sara Mangiaracina, portavoz del Departamento de Estado, citada por el diario The Miami Herald. No es la primera vez que la inteligencia colombiana rastrea éste tipo de operaciones de la guerrilla.
Una situación similar se vivió a mediados del 2000, cuando altos oficiales del Ejército viajaron por varios países de Europa, América y África tras el rastro de traficantes que le iban a vender a las Farc un lote de misiles Sam-7. Hace dos semanas, una corte federal de Estados Unidos condenó a 25 años de prisión a Tareq Mousa al Ghazi, un libanés de 62 años acusado de intentar vender "millones de dólares en armamento" a las Farc. Mousa al Ghazi era, según la justicia estadounidense, uno de los contactos de Monzer al Kassar, un traficante de armas sirio que desde los años 80 era considerado como uno de los enemigos públicos más importantes de Estados Unidos, y que por años logró eludir la persecución de Washington. Eso fue así hasta el 2007, cuando al Kassar fue detenido en su mansión de Marbella (España) por intentar venderles fusiles AK-47 y misiles a las Farc. El sirio cayó en una trampa montada por la DEA y otras agencias de inteligencia de E.U. Ellas infiltraron agentes que lo contactaron como supuestos representantes de la guerrilla, y lo convencieron de que querían negociar el arsenal. Incluso depositaron miles de dólares en sus cuentas y en el expediente aparece detallada la lista del armamento (con instrucciones sobre el lanzamisiles Strella) y cartas falsas de la Policía de Nicaragua que supuestamente iban a ser la fachada legal del negocio. España lo extraditó a Estados Unidos y allí lo condenaron a 30 años de prisión. El mismo anzuelo lo mordió hace un año Víctor Bout, el ex KGB cuyos negocios con armas inspiraron el libro El Mercader de la Muerte, que terminó en película de Hollywood. Bout, que está en plena batalla legal para evitar su extradición, fue contactado por agentes encubiertos que le pidieron misiles para derribar los helicópteros.
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