Nuri Vallbona / Miami Herald.
WILFREDO CANCIO ISLA
Publicado el lunes 16 de noviembre del 2009
El disidente cubano Ariel Sigler Amaya era un hombre fornido, aún con la estampa del boxeador de pesos pesados que fue en su juventud. Seis años después de su arresto el 18 de marzo del 2003, está parapléjico, confinado a una silla de ruedas mientras trata de superar las secuelas de una polineuropatía agresiva que adquirió en la cárcel y que puso en peligro su vida.
Sigler, de 46 años, líder del movimiento Opción Alternativa en la provincia de Matanzas, es uno de los 53 prisioneros de la Primavera Negra del 2003 que permanecen tras las rejas. La ola represiva llevó a la cárcel a 75 disidentes, activistas de derechos humanos, bibliotecarios y periodistas independientes, condenados de manera sumaria a penas entre seis y 28 años de cárcel.
Como la mayoría de los involucrados en la Causa de los 75, Sigler fue encausado bajo la Ley de Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, instaurada en 1999 para sancionar "acciones que en concordancia con los intereses imperialistas persiguen subvertir el orden interno de la nación y destruir su sistema político''.
Actualmente recibe tratamiento de rehabilitación en el hospital Julio Díaz, en las afueras de La Habana, bajo custodia policial. La mejoría es muy lenta y atraviesa etapas en que su condición empeora. Familiares, grupos de derechos humanos y organismos internacionales han solicitado infructuosamente que se le conceda una licencia extrapenal por razones humanitarias.
"El caso de Ariel Sigler Amaya siempre lo ponemos por delante, porque es un caso de máxima gravedad entre todos los presos políticos, pero una cosa es la lógica humanitaria y otra lo que decide este gobierno'', explicó Laura Pollán, líder del movimiento cívico Damas de Blanco. "La crueldad llega aquí al punto de que no quieren soltar a nadie que no esté en un estado presentable, por miedo a que dé una mala imagen del sistema penitenciario''.
Pollán está casada con Héctor Maseda Gutiérrez, otro miembro de la Causa de los 75 que cumple 20 años de prisión en la cárcel de Agüica, en Matanzas.
Las autoridades han sugerido a los familiares que cuando Sigler rebase la parálisis y pueda dar algunos pasos podrá considerarse su liberación, en tácita referencia a que no será excarcelado en silla de ruedas.
Aunque en Cuba hay una población penal que supera los 200 presos políticos, la Causa de los 75 ganó notoriedad por la feroz embestida gubernamental y las desmesuradas condenas impuestas a opositores pacíficos, entre ellos reconocidas figuras intelectuales, médicos y otros profesionales. La repulsa internacional generó un clima de descrédito para el régimen cubano y provocó incluso escisiones dolorosas dentro de sus tradicionales seguidores de la izquierda.
"Es atroz que casi siete años después de ser sometidos a juicios farsescos, 53 personas siguen en la cárcel por haber ejercitado sus derechos fundamentales'', opinó José Miguel Vivanco, director de la división hemisférica de Human Rights Watch (HRW), con sede en Washington, D.C. ''Siempre que la comunidad internacional siga dividida en sus políticas respecto a Cuba, el gobierno de Raúl Castro seguirá dejando a estos prisioneros pudrirse en prisión''.
Organizaciones como HRW, Amnistía Internacional y la Cruz Roja Internacional, así como otras entidades profesionales y cívicas han desplegado intensas gestiones en estos años a fin de lograr una amnistía para los 75, alertando con particular énfasis en los casos de presos enfermos y de edad avanzada.
Entre ellos, se encuentra un minusválido: el ingeniero Miguel Galván Gutiérrez, sentenciado a 26 años. Dos de los confinados están ya en la tercera edad: Maseda, de 66 años, y Arnaldo Ramos Lauzurique, de 67.
Hasta el momento, el gobierno ha excarcelado a 21 de ellos por motivos de salud, de los cuales 11 marcharon al exilio en Estados Unidos, España y Suecia; uno, Miguel Tamayo Valdés, falleció en La Habana en el 2007. En enero, Reinaldo Labrada Peña fue el primero en cumplir íntegramente su condena de seis años.
Las autoridades han desoído las peticiones de familiares, agrupaciones humanitarias y jefes de Estado y gobierno para el otorgamiento de licencias extrapenales a 24 prisioneros que encaran severos problemas de salud.
La Sección de Intereses de Cuba en Washington no respondió los mensajes de El Nuevo Herald para comentar sobre este asunto.
"Llega un momento en que crees que vas a enloquecer y no sabes a quién acudir para pedir por tu hijo enfermo, preso sin cometer delito alguno'', manifestó Blanca González, madre del periodista independiente Normando Hernández. "Pero no puedes dejar que se impongan en silencio''.
González, que emigró a Estados Unidos en el 2002, recibió esta semana la noticia de que Hernández fue diagnosticado con una hipertrofia ventricular durante un reciente chequeo médico. Hernández se encuentra entre los prisioneros con mayores afectaciones de salud, a pesar de que acaba de cumplir 40 años.
Confinado en la prisión provincial de Kilo 7, en Camagüey, Hernández adquirió en cautiverio el síndrome de malabsorción intestinal y se le detectaron pólipos vesiculares con pronóstico de cirugía. Es hipertenso y está además bajo tratamiento siquiátrico. El gobierno cubano se ha negado a considerar su salida mediante una visa humanitaria otorgada por el gobierno de Costa Rica en abril del 2007, además de que desde el 2001 tiene visado estadounidense para emigrar con su esposa e hija.
González dijo que hubo un "comportamiento tremendamente cínico'' con la familia de su hijo, que esperó por casi dos años el permiso de salida para emigrar a Estados Unidos. Yaraís Reyes, esposa de Hernández, recibió la autorización oficial (tarjeta blanca) por debajo de la puerta el 4 de abril del 2003, al regresar del juicio donde fue condenado a 25 años. Pero las secuelas del encierro de Hernández han marcado dramáticamente el ámbito familiar. Su hija Daniela, de siete años, está bajo tratamiento siquiátrico y rechaza la escuela.
"Esto es horrible'', comentó González. "Es una niña que lleva seis años visitando prisiones y no entiende por qué su padre no puede estar en el hogar junto con ella y con su madre''.
Otros casos registrados como críticos en los informes de organizaciones de derechos humanos son:
* Doctor José Luis García Paneque, condenado a 24 años. Prisión de Las Mangas, provincia Granma. Sufre de anemia y malnutrición como resultado del síndrome de malabsorción intestinal. Su condición de claustrofobia ha derivado en serias afectaciones nerviosas. Su esposa y cuatro hijos menores emigraron a Estados Unidos a comienzos del 2007.
* Doctor Alfredo Pulido López, condenado a 14 años. Prisión Kilo 7, en Camagüey. Neuralgia occipital, osteoporosis, problemas en la cervical, gastritis crónica, hemorroides intestinales sangrantes, problemas respiratorios crónicos y trastornos mentales.
* Pedro Argüelles Morán, condenado a 20 años. Prisión de Canaleta, Ciego de Avila. Padece de cataratas avanzadas en ambos ojos y ha perdido casi completamente la visión. Diagnosticado además con artrosis generalizada, hepatomegalia (aumento patológico del hígado), hiperplasia prostática, trastornos circulatorios y hernia discal. Argüelles tiene 61 años.
"La condición médica de estas personas es incompatible con el internamiento carcelario'', expresó el activista Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).
La Causa de los 75 es el capítulo más espinoso en el mapa de la diplomacia cubana para normalizar sus relaciones internacionales. A pesar de que Raúl Castro suscribió en marzo del 2008 sendos acuerdos de derechos humanos ante Naciones Unidas y relatores especiales de ese organismo han recibido invitaciones oficiales a visitar la isla, los prisioneros de la Primavera Negra prevalecen aún como un escollo para el levantamiento de la posición común condenatoria de la Unión Europea.
En su reciente visita a La Habana, el canciller español Miguel Angel Moratinos prometió a Raúl Castro que España abogará por derogar la posición común cuando ocupe la presidencia del bloque europeo durante el primer semestre del 2010. La posición común europea --establecida en 1996 a instancias del entonces presidente español José María Aznar-- condiciona los acuerdos de cooperación con Cuba al avance en materia de derechos humanos por parte del régimen castrista.
El gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero no ha perdido de vista el significado simbólico de los reos de esa causa para la comunidad europea. En febrero del 2008, las gestiones españolas lograron la liberación por motivos humanitarios de cuatro prisioneros de los 75, y el pasado octubre salió excarcelado Nelson Aguiar al término de la visita de Moratinos.
Sin embargo, familiares y activistas de la disidencia interna condenaron el procedimiento de excarcelar prisioneros a cuentagotas con fines políticos.
"Es un acto de crueldad extrema, porque se trata de excarcelaciones aisladas que desconocen la situación de los otros 200 presos políticos que languidecen en las cárceles cubanas'', argumentó Sánchez. "España sigue insistiendo en la fórmula equivocada para tratar de modificar a un gobierno totalitario''.
Sánchez calificó de vergonzoso que Raúl Castro ofrezca como "gran dádiva humanitaria'' a España la liberación de Aguiar y mantenga selectivamente en cautiverio a otros prisioneros gravemente enfermos.
El sindicalista Pedro Pablo Alvarez, uno de los cuatro prisioneros liberados por la mediación de Moratinos en febrero del 2008, arreció sus críticas contra "el goteo de presos hacia España''.
"Cuando fui excarcelado pensé que era el inicio de un proceso de liberación masiva, pero veo que todo fue una maniobra de complicidad entre ambos gobiernos'', comentó Alvarez, que reside actualmente en Barcelona. "Lo que ha hecho España es desmontar la presión común de Europa sobre la dictadura cubana [. . .]. Me siento realmente engañado''.
Lo más dramático de la renuencia gubernamental a una liberación masiva de los 75 es "la confirmación de que Fidel Castro sigue al mando, con la sartén por el mango, y nadie se atreve a tomar una decisión sin que él lo autorice'', dijo Sánchez.
"Son los rehenes personales de Fidel Castro, pues fue él quien concibió las redadas y ordenó el proceso judicial'', agregó.
El abogado invidente Juan Carlos González Leiva, fundador del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, coincide en señalar a los 75 como "los prisioneros de Fidel Castro''.
"Fueron selectivamente encarcelados y concebidos como fichas de canje por los cinco espías que están en Estados Unidos'', argumentó González Leiva. "Por eso es difícil que alguien intervenga con éxito por ellos, que fueron el foco de la política de venganza y de odio que Fidel Castro aplica a quienes lo desafían frontalmente''.
En diciembre del 2008, Raúl Castro propuso canjear a los llamados "Cinco Héroes'' por disidentes presos en la isla durante una reunión con su homólogo brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, en Brasilia. Los Cinco --condenados a largas penas en Estados Unidos-- formaban parte de una red de espionaje desmantelada en 1998.
Raúl Castro ha reiterado la propuesta posteriormente, así como otros altos funcionarios cubanos, pero Washington y los disidentes presos la consideran improcedente.
"Es triste comprobar que el gobierno se obstina en mantener en cruenta prisión a hombres inocentes para utilizarlos como monedas de cambio'', dijo Pollán. "Pero nuestros presos no están dispuestos a prestarse a semejante patraña, porque su encierro es por reclamar libertades civiles, no por espiar por órdenes de un gobierno''.
El poeta y periodista Raúl Rivero, prominente figura en la Causa de los 75, observó que hay un tratamiento de la disciplina carcelaria totalmente arbitrario respecto a estos reos, condicionada por "el vaivén de los intereses políticos del gobierno cubano''.
"Se nos sigue considerando como enemigos especiales'', dijo Rivero, quien fue excarcelado por razones humanitarias y emigró a España en el 2005. "La gente ha ido envejeciendo, enfermándose o agravando su condición en las celdas sin aplicárseles siquiera el reglamento carcelario''.
Justamente, Pollán y las Damas de Blanco planean iniciar en breve una ofensiva legal para reclamar en los tribunales cubanos que se cumpla el reglamento penitenciario vigente.
"No vamos a pedir prebendas para nuestros presos, sino reclamar lo que les corresponde'', señaló Pollán. "Es humillante que ellos [el gobierno] escriben los reglamentos y luego se ríen de eso''.
Según Pollán, 18 de los prisioneros están aún en centros penitenciarios ubicados fuera de sus provincias de residencia, y cuatro de ellos permanecen en régimen de máxima severidad, que implica restricciones de visitas cada tres meses y pabellón conyugal cada cuatro meses.
Rivero --condenado a 20 años-- dijo que su estancia por 20 meses en la cárcel, 13 de ellos en una celda de castigo, lo dotó de un sentido de compromiso con los compañeros aún cautivos.
"Una cárcel es la zona más oscura y escabrosa de la sociedad cubana, y se establece una cercanía con esa gente que arrastras para toda la vida'', relató Rivero. "Tienes que escribir y hablar de ellos adonde quiera que vayas: esa es una cuenta pendiente y un baldón enorme para la dictadura''.
PRISIONEROS DE LA CAUSA DE LOS 75
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