Informe sobre Cuba ante la SIP

INFORME SOBRE CUBA ANTE LA SIP

 

El panorama del periodismo y la libertad de expresión en Cuba resulta desolador, marcado por el inmovilismo político, la crisis económica y financiera que arrastra el país, el aumento de la represión contra las manifestaciones independientes y el control gubernamental para impedir el acceso libre de la población a la Internet.

 

En vísperas de cumplir oficialmente dos años al frente del gobierno, Raúl Castro sólo puede exhibir amagos de cambio y promesas incumplidas respecto a las transformaciones estructurales y profundas que prometió realizar al iniciar su gestión, en febrero del 2008. El agravamiento de la crisis interna ha obligado al gobierno a comenzar un proceso de eliminación de las llamadas “gratuidades indebidas”, con el apoyo incondicional de los medios oficiales. Las discusiones públicas sobre la situación del país, convocadas en instituciones estudiantiles, centros laborales y barrios desde comienzos de este año, transcurrieron sin una verdadera participación democrática de los ciudadanos y ni siquiera tuvieron impacto en la cobertura mediática.

 

Ningún avance en materia de circulación de información, libertad de opinión, y alternativas de asociación y  movimiento dentro y fuera del país se experimentó en los últimos seis meses, a pesar de que el gobierno suscribió -en marzo de 2008-  dos acuerdos internacionales de derechos humanos en Naciones Unidas: el Convenio Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio para los Derechos Civiles y Políticos. Los contenidos de ambos acuerdos son desconocidos por la ciudadanía, porque el gobierno no los ha divulgado internamente.

 

El cambio de actitud en la política hacia Cuba que ha impulsado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no ha tenido una respuesta consecuente por parte del gobierno cubano, que, por un lado, dice tener voluntad  para el diálogo constructivo con su vecino, pero, al mismo tiempo, mantiene una cansada retórica antinorteamericana, se niega a dar pasos en asuntos de derechos humanos y exige condiciones vinculantes como la liberación de cinco agentes condenados por espionaje en territorio estadounidense.

 

La cifra de periodistas presos aumentó a 27, con sentencias que oscilan entre 28 y un año de cárcel. 

 

El 8 de mayo, el periodista Enyor Díaz Allén, integrante del Centro de Información Hablemos Press en Guantánamo, fue condenado a un año de prisión bajo cargos de desacato. El 12 de mayo, también por desacato, fue sentenciado a tres años el periodista Albert Santiago Du Bouchet Hernández, residente en Ciudad de La Habana, quien ya había cumplido una condena anterior por acusaciones similares.

 

El médico Darsi Ferrer, periodista y activista de derechos humanos, fue golpeado y arrestado el pasado 21 de julio en su casa, y permanece en una prisión de La Habana sin que hasta la fecha se le hayan formulado cargos. El arresto tiene evidentes motivos políticos, pero las autoridades lo han disfrazado de una supuesta compra ilegal de materiales de construcción.

 

El 2 de noviembre fue condenado a seis meses de privación de libertad el periodista y bloguero Roberto de Jesús Guerra Pérez, director de Hablemos Press, tras un dilatado proceso judicial que se postergó en varias ocasiones. La sentencia de Guerra Pérez fue conmutada por trabajo correccional (reclusión domiciliaria), aunque el tribunal le indicó que de no hallar en breve un empleo estatal, deberá cumplirla en prisión. El encausamiento de Guerra Pérez fue por una supuesta agresión cuando enfrentó a dos asaltantes y actuó en legítima defensa de sus familiares.

 

Las condiciones deplorables de las cárceles, las violaciones de los derechos de los presos y la falta de una debida atención médica para los reos enfermos y de edad avanzada, continúan como preocupación fundamental de familiares, activistas de derechos humanos y organismos internacionales. En el período se han reportado varias huelgas de hambre de periodistas presos en protesta por vejaciones del personal penitenciario, desde maltratos físicos hasta incautación de literatura religiosa.

 

El gobierno cubano se mantiene sin acceder a las solicitudes para el otorgamiento de una licencia extrapenal por razones humanitarias a una docena de prisioneros de la llamada Causa de los 75. Entre ellos, los casos más preocupantes son:                           

- Normando Hernández, condenado a 25 años. Prisión provincial Kilo 7, en Camagüey, tras varias hospitalizaciones y pruebas médicas en La Habana. Padece del síndrome de mal absorción intestinal, pólipos vesiculares e hipertensión arterial, y está además bajo tratamiento siquiátrico. El gobierno cubano se ha negado a considerar su salida mediante una visa humanitaria otorgada por el gobierno de Costa Rica en abril del 2007, además de que desde el 2001 tiene visado estadounidense para emigrar con su esposa.

- Doctor José Luis García Paneque, condenado a 24 años. Prisión de Las Mangas, en la provincia Granma. Sufre de anemia y malnutrición como resultado de padecer el síndrome de mal absorción intestinal. Se le diagnosticó además un quiste de riñón y tiene serias afectaciones nerviosas. Su esposa y cuatro hijos menores emigraron a Estados Unidos a comienzos del 2007.

 

-Doctor Alfredo Pulido López, condenado a 14 años. Prisión de Kilo 7, en Camagüey. Padece de neuralgia occipital, osteoporosis, problemas en la cervical, gastritis crónica, hemorroides intestinales sangrantes, problemas respiratorios crónicos y trastornos mentales. Su esposa, Rebeca Rodríguez, ha pedido respaldo a instituciones como la Cruz Roja Internacional para que intercedan a favor de su excarcelación.

- Pedro Argüelles Morán, condenado a 20 años. Prisión de Canaleta, Ciego de Avila. Padece de cataratas avanzadas en ambos ojos y ha perdido casi completamente la visión.

Ha sido diagnosticado además con artrosis generalizada, hepatomegalia (aumento patológico del hígado), hiperplasia prostática, trastornos circulatorios y hernia fiscal.

Argüelles, de 61 años, ha sido internado en celdas de castigo por negarse a vestir el uniforme de reo común.                                                

- Pablo Pacheco, condenado a 20 años. Prisión de máxima seguridad de Canaleta, Ciego de Ávila. Padece de una úlcera en la pierna izquierda, que ha empeorado en las condiciones de insalubridad del penal; hipertensión, migraña crónica y trastornos renales severos.

 

- Ricardo González Alfonso, condenado a 20 años. Prisión del Combinado del Este, Ciudad de La Habana. Padece de neumonitis en el pulmón derecho, con estados gripales crónicos, agravados por la humedad de la celda; hipertensión y principio de glaucoma.

 

El estado de salud de estos casos resulta incompatible con el internamiento carcelario, según la evaluación de organismos internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional ha pedido la excarcelación inmediata e incondicional de los presos enfermos.

                                              
En un fallo sin precedentes en la jurisprudencia internacional, el 2 de septiembre un tribunal federal de Miami ordenó que el gobierno cubano pague $27,5 millones de dólares a la madre del fotorreportero Omar Rodríguez Saludes, condenado a 27 años en la Causa de los 75. Olivia Saludes, madre del prisionero, alegó sufrimiento y daños emocionales respaldada por la bicentenaria Ley de Protección para Reclamaciones en el Extranjero (Alien Tort Claims Act), que permite a ciudadanos de otros países presentar demandas civiles en Estados Unidos por violaciones del derecho internacional ocurridas en territorio foráneo.

 

El 18 de mayo viajó a Estados Unidos como refugiado político el abogado y periodista Mario Enrique Mayo, acusado en la Causa de los 75. Mayo había sido liberado en diciembre del 2005 con una licencia extrapenal por motivos de salud.

En relación con el desempeño de los periodistas independientes, desde abril se han documentado al menos 102 acciones represivas en todo el país. La lista de violaciones contra el ejercicio profesional incluye arrestos temporales (a veces hasta por 15 días), multas, decomisos de dinero y equipos de trabajo, requisas de domicilio, golpizas, intimidaciones en plena calle, despidos laborales, represalias contra familiares menores de edad, interrupciones telefónicas, violaciones de correspondencia, bloqueos cibernéticos, prohibiciones para participar en eventos públicos e impedimentos para viajar fuera de la provincia de residencia.

 

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en coordinación con los comités de barrio (CDR) son los encargados de controlar la movilidad ciudadana y el desplazamiento hacia Ciudad de La Habana de personas con residencia en otras provincias, según establece el  decreto-ley 217 de abril de 1997.  La medida se aplica particularmente a opositores políticos y periodistas independientes, expuestos a una vigilancia de mayor rigor debido a sus actividades ilegales.

 

La persecución policial contra los más de 70 informadores independientes que se mantienen activos en el país, se ha extendido también al creciente movimiento de blogueros, desafiantes del control estatal sobre la información y el uso de la internet.

 

Un caso representativo del hostigamiento gubernamental ha sido el cerco tendido desde el pasado 10 de octubre contra representantes de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, un proyecto alternativo que agrupa a periodistas e informadores de todo el país. La Red distribuye reportes noticiosos y fotografías en un blog que ha ido ganando credibilidad y seguidores dentro y fuera de Cuba.

 

Los comunicadores iniciaron una protesta (plantón) dentro de la casa del disidente Vladimiro Roca, promotor de esa agrupación, para denunciar el acoso cotidiano y el despojo de medios de trabajo por parte de agentes de la Seguridad del Estado. La respuesta oficial ha sido bloquear el acceso a la vivienda, incomunicarlos telefónicamente y enviar turbas progubernamentales al lugar para efectuar actos de repudio, con insultos y lanzamientos de objetos contra la fachada.

 

La emergencia de un movimiento de blogueros al margen de los dominios bajo control oficial es un fenómeno que comienza a cobrar prominencia, principalmente en La Habana, y que, aún sin jerarquías ni organización establecida, constituye un nuevo desafío para los mecanismos de censura gubernamental.

 

Una treintena de bitácoras personales con propósitos informativos sobre la realidad cubana es producida hoy por residentes dentro de Cuba. Parapetados al principio bajo seudónimos, es sintomático que cada vez más estos blogs son suscritos con el nombre de sus creadores, en su mayoría personas con menos de 35 años. Otros 300 bajo patrocinio de organismos estatales y espacios oficialmente reconocidos conviven en la blogósfera nacional.

 

Sin embargo, casi ninguno de los blogs independientes tiene acceso desde Cuba, porque el gobierno ha incrementado la vigilancia cibernética y bloquea las páginas que considera nocivas a los intereses nacionales. La actualización de sus contenidos se realiza desde el exterior, gracias a colaboradores en Estados Unidos, América Latina y Europa.

 

Los blogueros independientes organizaron el concurso Una isla virtual, que tuvo su primera edición el 9 de septiembre. El concurso fue convocado por la revista digital Convivencia y el portal Desde Cuba,  con el propósito de fomentar la blogósfera cubana y motivar el uso de la internet para expresar ideas, informaciones y testimonios.

 

Las represalias más visibles han caído sobre la bloguera Yoani Sánchez, pionera de la blogósfera cubana con su bitácora Generación Y.  Sánchez ganó este año una mención especial del Premio Maria Moors Cabot, otorgado por la Universidad de Columbia, en Nueva York. Sin embargo, por tercera vez las autoridades le negaron el permiso de salida para viajar al exterior y, en esta oportunidad, asistir a la ceremonia de premiación en la legendaria institución académica. Sánchez había sido invitada además a Brasil para presentar un libro y ofrecer conferencias, por lo que representantes del Senado brasileño intercedieron ante el gobierno de Raúl Castro con el fin de abogar por el permiso que se le exige a los ciudadanos cubanos para salir temporal o definitivamente del país, pero las gestiones resultaron infructuosas.

 

Sánchez inició en octubre la llamada Academia Blogger, una iniciativa didáctica para ayudar a los principiantes y a todos los interesados en usar las herramientas tecnológicas en favor de la libre expresión de las ideas.

 

El 29 de octubre, las autoridades impidieron la entrada de un grupo de blogueros independientes a un debate público (Ultimo Jueves), en la sede del Instituto de Cine (ICAIC) en La Habana, donde se discutió el tema de la internet en Cuba.

 

El 6 de noviembre, Sánchez fue interceptada en plena calle y golpeada por agentes de Seguridad del Estado, cuando se dirigía junto a otros dos conocidos blogueros independientes, el escritor Orlando Luis Pardo (blog Lunes de Post-Rrevolución) y la filóloga Claudia Codelo (Octavo Cerco), a una manifestación por la paz, convocada por jóvenes artistas en una céntrica zona habanera.  Agentes policiales vestidos de civil introdujeron a Sánchez y Pardo por la fuerza en un automóvil, les golpearon y los soltaron poco después lejos del lugar. Cadelo fue también interceptada y alejada de la zona en otro automóvil, pero no recibió golpes.

 

Pero las aspiraciones de los profesionales independientes por beneficiarse de las nuevas tecnologías y acceder a la red global no se circunscriben a la capital del país.

 

El periodista y bloguero Yosvani Anzardo Hernández, creador de un rudimentario sitio digital llamado Candonga, fue detenido el 10 de septiembre e instruido de cargos por dirigir una publicación independiente (violación de la Ley 88/1999 o ley mordaza). La policía acometió un arduo registro en la casa de Anzardo, que reside en el poblado de San Germán, Holguín.

 

Anzardo, ingeniero de profesión, fundó el periódico digital Candonga utilizando un “servidor criollo” que él mismo programó en su laptop y al cual podían acceder los lectores de la isla a través de líneas telefónicas comunes. Fue finalmente liberado el 25 de septiembre y se le retiraron los cargos.

 

A finales de octubre, el gobierno bloqueó Revolico.com, un popular sitio de anuncios clasificados que permitía a los cubanos con internet hacer operaciones comerciales a la manera de un libre mercado virtual. El sitio -radicado en un servidor en Estados Unidos- cuenta ya con un promedio de 1.5 millones de anuncios consultados mensualmente, y sirve para comprar y vender desde automóviles hasta turnos para solicitar visas estadounidenses o españolas.

 

El Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC) anunció a finales del pasado año estrictas reglas para los proveedores del servicio de internet dentro de Cuba (Resolución 179/2008). Según este decreto,  los proveedores están obligados a  “adoptar las medidas necesarias para impedir el acceso a sitios cuyos contenidos sean contrarios al interés social, la moral y las buenas costumbres; así como el uso de aplicaciones que afecten la integridad o la seguridad del Estado”.

 

Al mismo tiempo, Cuba continúa impulsando la formación de una fuerza capacitada para enfrentar los retos de la informatización de la sociedad y garantizar los intereses de seguridad nacional.  El 7 de julio la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), en La Habana, graduó 1,617 ingenieros informáticos, sumando más de 3,000 los egresados de esa entidad desde su inauguración en el 2002.

 

El gobierno cubano fundamenta las limitaciones para el acceso masivo a la internet en las barreras impuestas por el embargo estadounidense, alegando que Washington le impide el acceso a cables submarinos de fibra óptica y obliga que la isla tenga que conectarse a la red por satélite, lo que resulta más lento y costoso. Las tarifas públicas por una hora de conexión a internet en cibercafés y hoteles oscilan entre 6 y 8 dólares, aunque el servicio está mayormente reservado para extranjeros.

En septiembre, el MIC divulgó un decreto oficial que autoriza a las oficinas de correos del país a brindar servicios de internet a todos los usuarios.  Pero hasta el momento la disposición no se ha implementado en ninguna de las dependencias de correos de la capital ni del interior de la isla.

Las autoridades cubanas reclaman la opción de poder conectarse al cable de fibra óptica Miami-Cancún, ubicado a sólo 32 kilómetros de la isla.

En el Foro Mundial de Políticas de Telecomunicaciones, celebrado el pasado mayo en Portugal, el gobierno cubano elevó sus protestas por acciones discriminatorias de interconexión y de acceso a sitios públicos de internet por parte de Estados Unidos.   

Asimismo, se hizo mención a que el buscador Google restringe el uso desde territorio cubano para servicios de observación del planeta Tierra en tiempo real y otras aplicaciones de búsquedas. Desde mayo, el gigante informático Microsoft canceló su servicio de mensaje instantáneo (messenger) para los países a los que Estados Unidos aplica un embargo comercial, entre ellos Cuba.

 

No obstante, la batalla por el acceso a la internet y a las nuevas tecnologías en Cuba ha entrado en una etapa crucial.  El 13 abril el presidente Barack Obama autorizó a empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos a negociar con La Habana.

 

El 8 de septiembre, el Departamento del Comercio dio luz verde para el envío de paquetes a Cuba con productos electrónicos y tecnologías de comunicación, entre ellas dispositivos de conexión a internet, computadoras portátiles y de escritorio, bluetooths, memorias portátiles, modems y sistemas operativos. De acuerdo con el documento emitido, estas rrgulaciones “pretenden mejorar el flujo de información hacia y desde Cuba, y son coherentes con el apoyo que Estados Unidos le ha dado a personas y organizaciones no gubernamentales que respaldan los esfuerzos por construir una sociedad democrática en Cuba''.

 

Compañías estadounidenses desde Florida a Texas han mostrado ya interés en participar en el negocio de llevar hasta Cuba un cable de fibra óptica. Pero al margen del engorroso proceso de permisos exigidos por las dependencias federales para el tendido de la conexión submarina, la clave del asunto sigue siendo la disposición del gobierno cubano, que ha manifestado que no sería conveniente un cable de fibra óptica desde la Florida por razones de "seguridad nacional".

 

La apuesta de Cuba por el internet es esencialmente política y está vinculada a un aliado estratégico: Venezuela.  Se trata del proyecto de tender un cable de fibra óptica desde La Guaira (norte venezolano) hasta Santiago de Cuba (sureste), con el declarado propósito de  dar “un paso hacia la independencia tecnológica de América Latina" sin comprometer ningún tipo de conexión con Estados Unidos.

 

Autoridades venezolanas y cubanas anunciaron que la ejecución del megaproyecto  comenzará antes de que termine este año, con una inversión de $70 millones.   Se pretende que el enlace esté listo para comunicar a ambos países en el primer semestre del 2011, con una capacidad de conexión 3,000 veces superior a la existente hoy en la isla.

 

En mayo, el MIC anunció que estudia con asesores extranjeros la opción para implementar en Cuba la televisión digital en un plazo no menor de 15 años, lo que traerá un aumento del número de canales y la mejoría de la señal en áreas remotas.

 

Mientras, los cubanos continúan la búsqueda de alternativas de información y entretenimiento mediante la obtención de señales pirateadas, que les permiten acceder a la programación televisiva en español de Miami. Se calcula que actualmente operan en La Habana más de 10,000 antenas parabólicas ilegales.

 

La señal de contrabando se distribuye en los vecindarios usando cables coaxiales, amplificadores y multiplicadores de frecuencias que suelen enmascararse con el tendido eléctrico. Las redadas policiales son frecuentes en los barrios identificados con la emisión de señales satelitales, según el rastreo de transmisiones que realizan periódicamente especialistas del MIC y el Ministerio del Interior (MININT).

 

En marzo, la prensa oficial informó del arresto y enjuiciamiento de varias personas que habían obtenido cuantiosos ingresos en divisas como resultado de piratear señales televisivas en coordinación con residentes en los Estados Unidos.  El Tribunal Provincial de La Habana condenó a los infractores a tres años de limitación de libertad y a trabajos correccionales bajo acusaciones de actividad económica ilícita.

 

Las sanciones por posesión e instalación de antenas parabólicas pueden oscilar de tres a cinco años de cárcel, así como decomiso de bienes y multas de hasta 30,000 pesos en moneda nacional (unos $1,250 dólares). La persecución de las autoridades policiales también incluye las conexiones ilegales de internet por vía satelital, con la colaboración de intermediarios que envían equipos y facilitan el enlace desde el sur de la Florida.

 

A partir de septiembre, la Licenciatura en Periodismo fue extendida a siete universidades cubanas, como parte de una política acordada por la oficialista Unión de Periodistas de Cuba (UPEC). El empeño por la formación de reporteros está en consonancia con un plan continental, promovido por la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) para crear “una línea de atención a los jóvenes del gremio”.

 

En cambio, las autoridades cubanas no permiten otra capacitación profesional para los jóvenes que se aparten de las instituciones estatales y la ideología oficial.

 

En abril se produjo una ola de arrestos, intimidaciones y citaciones policiales por parte de la Seguridad del Estado para impedir la asistencia de un grupo de alumnos -algunos de ellos estudiantes de la Universidad de La Habana- que matricularon en un curso de Periodismo, impartido por académicos desde Estados Unidos. El curso fue auspiciado por la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y se realizó mediante videoconferencias en la sede de la Sección de Intereses de Estados Unidos (USINT), en La Habana.

 

En agosto se conoció que el gobierno de Raúl Castro impidió la salida del país a una treintena de universitarios cubanos que habían recibido becas para participar en programas de instituciones académicas de Estados Unidos, entre los que figuraban especialidades como Tecnologías de Información, Comunicaciones y Periodismo. La convocatoria fue lanzada a mediados del 2008 a través de la USINT y en pocas semanas recibió más de 750 solicitudes. La reacción gubernamental fue iniciar un proceso de análisis y purgas en los centros universitarios contra los estudiantes que solicitaron las becas estadounidenses.

 

Entre el 19 y el 22 de octubre tuvo lugar el XIII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social en La Habana, con la asistencia de 1,300 delegados de 23 países de la región. Como anfitriona por primera vez de este evento, Cuba defendió su sistema como “prototipo de modelo alternativo por cinco décadas” y exhortó a los asistentes a impulsar la comunicación hacia “posiciones más acordes” con los cambios políticos, económicos y sociales que se experimentan en América Latina.

 
La presión gubernamental sobre la estancia y movimiento de la prensa extranjera dentro de Cuba sigue siendo intensa. Las autoridades del Centro Internacional de Prensa (CIP) han recrudecido los controles para el otorgamiento de visas a corresponsales extranjeros que intentan viajar a la isla para coberturas temporales, como sucedió durante la celebración del Concierto Paz sin Fronteras, protagonizado por el cantante colombiano Juanes, el 20 de septiembre.  La renovación del permiso para los periodistas acreditados como corresponsales permanentes está pendiente desde hace meses. Mientras, los funcionarios del CIP  suelen recomendar a las agencias y medios acreditados la conveniencia o no de mantener a sus corresponsales, según la visión que ofrezcan en sus despachos noticiosos sobre la realidad cubana.

 

Respecto a los medios oficiales, se advierte una intención de canalizar ciertas inconformidades y críticas de la población a través de la publicación de cartas, que generalmente ameritan los comentarios de un periodista o la respuesta del funcionario responsabilizado con el asunto.

 

Uno de los periodistas que habitualmente responde e interactúa con las cartas de los lectores, el veterano columnista José Alejandro Rodríguez, fustigó en un artículo reciente los controles desmedidos impuestos a la información desde las altas estructuras del poder, así como la hiperbolización del programa televisivo Mesa Redonda como  espacio de burocratización del periodismo. El artículo se titulaba “Contra los demonios de la información secuestrada” y apareció sólo por escaso tiempo en la edición digital del diario Juventud Rebelde, el pasado 16 de octubre, antes de ser retirado de la red sin explicaciones a los lectores.

 

 

 

 

Miami, La Habana, noviembre de 2009

 

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