La organización de Venezolanos en el Exilio, ORVEX, introdujo a finales del mes pasado una denuncia en contra del Cónsul de Venezuela en Miami ante el FBI (Buró Federal de Investigaciones) por violar leyes federales norteamericanas de confidencialidad de las solicitudes de asilo político de venezolanos en los Estados Unidos, así como, leyes humanitarias de derechos humanos a nivel internacional.
La denuncia la realizó ORVEX a raíz de unas declaraciones públicas emitidas por el Cónsul de Venezuela en Miami, el Sr. Antonio José Hernández Borgo, en el periódico El Nuevo Herald, el 22 de septiembre de 2009, en las que afirma que el Gobierno de Venezuela ha elaborado una base de datos con la información de los venezolanos que han obtenido la protección del asilo político en los Estados Unidos.
Según el Capítulo 8 del Código de Regulaciones Federales, en su Artículo 208, Inciso 6, también conocido como 8 CFR 208.6, está terminantemente prohibido el divulgar a terceras personas la información que se presenta en las solicitudes de asilo, determinaciones de miedo creíble, y determinaciones de miedo razonable incluyendo la información contenida en las bases de datos RAPS o APSS que maneja el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América para tal fin, excepto bajo estrictas circunstancias limitadas.
La divulgación a terceras personas pudiera ser autorizada, y en algunas circunstancias limitadas, por la Secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, cargo ocupado actualmente por la Sra. Janet Napolitano, de acuerdo a lo establecido en la Sección 1512(d) de la Ley de Seguridad Interna del 2002.
Por lo tanto, la declaración emitida por el Cónsul de Venezuela queda en evidencia por sí misma y claramente demuestra que la base de datos que dice tener el gobierno de Venezuela con la información de los venezolanos que han obtenido la protección del asilo político en los Estados Unidos, ha sido elaborada en violación a la supra citada normativa legal norteamericana.
Por otro lado, las Leyes Internacionales de Derechos Humanos garantizan el derecho a la privacidad de los individuos y protegen a las personas individualmente de toda interferencia que se realice de manera arbitraria o al margen de la ley, incluyendo la confidencialidad de los solicitantes de asilo y su información. La Convención de 1951 relacionada al Estado de los Refugiados provee protección internacional a los refugiados a nivel mundial. Además, el Articulo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de fecha 10 de diciembre de 1948, el Artículo 17 del Convenio Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), y el Artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño también protegen dicha confidencialidad.
Durante la realización de su denuncia ante la sede del FBI en Miami, ORVEX solicitó que se realizara una investigación al respecto, ya que las declaraciones del Cónsul de Venezuela en Miami constituyen una amenaza real a los miles de venezolanos que huyen del régimen dictatorial de Hugo Chávez hacia los Estados Unidos, muchos de los cuales entran indocumentados por la frontera con México, ya que el mensaje enviado implica que si el refugiado llega a solicitar la protección humanitaria del asilo en los Estados Unidos, el gobierno de Venezuela tendría los datos de los solicitantes, y con ello podría tomar represalias contra los familiares que el refugiado todavía tenga en Venezuela, o incluso tomar represalias contra la misma persona que huye de Venezuela en caso de que ésta sea deportada a Venezuela si su solicitud de asilo es negada. Asimismo, ORVEX solicitó la expulsión del Cónsul de Venezuela en Miami, así como de todas las personas que conforman la delegación diplomática venezolana en los Estados Unidos, porque las declaraciones no pueden considerarse como aisladas sino como parte de una política sistemática de persecución contra opositores al régimen, que se ha extendido fuera de las fronteras de Venezuela, y que no se puede tolerar que estas personas se escuden bajo su inmunidad diplomática para violar la ley americana, las leyes internacionales humanitarias, y los derechos humanos de los venezolanos que salen al exilio.
Además del FBI, la Organización de Venezolanos en el Exilio ya ha alertado al Congreso de los Estados Unidos, por medio del Congresista Federal Lincoln Diaz-Balart, a la Fiscal General del Estado de la Florida, Sra. Katherine Fernandez-Rundle, y al Presidente de los Estados Unidos de América, Sr. Barack Obama.
DENUNCIA CONTRA EL CÓNSUL DE VENEZUELA EN MIAMI
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