En 3 cuadras a la redonda donde está situada la sede oficial de las Damas de Blanco, en la céntrica calle Neptuno No. 963 entre Aramburu y Hospital, en el municipio Centro Habana, la Unión de Periodistas Libres de Cuba confirmó ocularmente la presencia de un fuerte dispositivo de seguridad, que impedía el acceso al lugar.
Este periodista fue detenido por agentes de seguridad vestidos de civil a 100 metros del lugar, en medio de amenzas de encarcelamiento.
La Dama de Blanco, Alejandrina García de la Riva, fue detenida a una cuadra del sitio, provocando la protesta de más de una veintena de mujeres participantes en el Te Literario, quiénes salieron a las calles Neptuno y Aramburu.
La Policía Política organizó un acto de repudio en respuesta a la protesta.
“Utilizaron a 19 niños menores de edad, nos insultaron con palabras obscenas,” denunció Laura Pollàn Toledo, líder de las Damas de Blanco.
Las turbas gubernamentales gritaban ¡Paredón!, ¡Lo que tienen que darle es Paredón, Tortilleras!, ¡Pin Pon fuera, abajo la Gusanera!
Laura Pollàn Toledo, Berta Soler Fernández, Alejandrina García de la Riva y Leydi Coca, recibieron golpes de los simpatizantes comunistas.
También las Damas de Blanco Yamilka Morejón Morfa, Darelys Velásquez y Teresa Galván, fueron interceptadas a escasos metros de la sede del colectivo, impidiéndoles el acceso al sitio. Lidia Esther Lima fue amenazada en su casa por agentes de la seguridad para que no asistiera al te.
Maritza Castro e Ivonne Malleza Galano, del Grupo de Apoyo, fueron detenidas durante la celebración del te literario, las féminas procedentes de las provincias de Pinar del Río, ciudad de la Habana y Las Tunas, manisfestaron su desacuerdo de que personas en Estados Unidos, utilicen el nombre de las Damas de Blanco para fundar una Corporación o casa de negocios.
Mediante votación realizada ratificaron como su representante en el exilio cubano de Miami, a Yolanda Huerga, co-fundadora del grupo y esposa del ex prisionero de conciencia y periodista Manuel Vázquez Portal.
Las mujeres coincidieron en su determinación de no solicitar permiso al gobierno cubano para marchar pacíficamente por las calles de la Habana.
“El gobierno nunca nos ha reconocido, cómo ahora nos va a exigir un permiso para marchar”, dijo Berta Soler Fernández, esposa de Angel Moya Acosta, activista de los derechos humanos condenado a 20 años de prisión.
Reportó desde la Habana, el periodista Carlos Serpa Maceira.
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