Actuación del gobierno español a plena conciencia

Por: Martha Beatriz Roque Cabello.

Las recientes declaraciones de Miguel Ángel Moratinos, ministro de Relaciones Exteriores de España, en las que expresa -entre otras cosas- que el gobierno cubano ya cumplió, al haber permitido la salida de una parte de los presos del Grupo de los 75, son un planteamiento indigno de un gobierno democrático.

No se conocen los acuerdos entre España y la dictadura cubana, pero la promesa de “excarcelar” al resto de los presos políticos y el hecho de que algunos de ellos hayan podido salir del país -aunque es algo en parte favorable- no le devuelve al pueblo cubano las libertades perdidas, ni le garantiza que no vayan a haber más presos por sus ideas.

Primero que todo hay que recordar que en Cuba, entre cárceles, prisiones y campamentos de trabajo con internamiento, existen 200; de ellos 50 de máximo rigor. Cálculos conservadores estimados, sin muchos recursos técnicos, elevan a 100 mil el número de reclusos.

Por eso, cuando Moratinos se refirió a que no existe una lista de los presos políticos que quedan en prisiones confeccionada por las organizaciones disidentes, debió haber dicho mejor: “No hay una información pública oficial”, ya que la enumeración de los presos es algo bien difícil para los que desde dentro o fuera del país, siguen este capítulo de la injusticia gubernamental.

El acceso a la información no puede hacerse de forma directa, con suerte se consiguen nombres, documentos y contactos a través de disidentes en provincia y de algunos familiares que no tienen miedo. Esto implica que los inventarios son parciales y ciertamente no coinciden, porque algunos tienen informaciones que otros no poseen.

No se puede ser categórico sobre ningún registro. Tampoco Amnistía Internacional se debe poner de acuerdo con nadie lo que pasa dentro de las cárceles de Cuba, solo lo conoce completamente la dictadura. Es por eso que se habla de lista parcial y bajo un mínimo de seguridad. Además, durante sus visitas a la isla, Moratinos ha desconocido a la oposición interna, no se ha reunido con ella, ¿por qué ahora debe convertirse en su fuente de información?

Que se sepa quedan en estos momentos unos 100 casos documentados, pero hay otros que no se han podido acceder a los documentos oficiales, aunque los procesados consideran ser presos políticos.

Existen ejemplos de prisioneros políticos juzgados por causas comunes, los casos recientes de Darsi Ferrer y José Díaz Silva, que cumplieron sus condenas antes de celebrarse el juicio; cuando se hizo la audiencia, ya estaban en libertad, porque los sancionaron al tiempo que habían pasado en prisión.

Incluso, hay delitos que pueden calificarse como políticos, por ser propios del sistema, como el “estado peligroso”, que se considera como tal por la especial proclividad en que se halla una persona para cometer violaciones, por la conducta que observa en contradicción con las normas de la “moral socialista”.

La conducta antisocial es uno de los índices de peligrosidad, para ello se toman “Medidas de Seguridad Predelictivas”, que consisten –según la Ley- en internamiento en un establecimiento especializado de trabajo o de estudio; con un término de un año como mínimo y cuatro como máximo.

Sin embargo, estas personas que no han cometido delito alguno se llevan a prisiones de máximo rigor, incumpliendo lo que está legislado, se les obliga a vivir con los que han delinquido, haciéndolos propensos a tener problemas.

Cálculos provenientes de indagaciones en las provincias y dentro de las prisiones, revelan que hay entre 3 y 5 mil presos en esta situación, de ellos, el 25% son mujeres, en particular aquellas que ejercen la prostitución.

Otros delitos producto de las propias deficiencias del sistema, son ejemplificantes, como el sacrificio ilegal de ganado mayor, que tiene como sanción entre 4 y 10 años de privación de libertad, aunque sea el dueño, y una sanción accesoria de confiscación de bienes. Imagínese si se le añade hurto y compárese con el homicidio, que prevé entre 7 y 15 años. La vida de una vaca, vale más que la de una persona.

Por otra parte, la falta de garantías procesales hace que si algún reo fue juzgado por un delito que considera fue incorrectamente tipificado, no puede revertirlo.

Según dicen las notas del Arzobispado de La Habana: “En continuidad con el proceso de liberación de los prisioneros…” cabría preguntar: ¿Hasta cuándo van a estar esperando los 12 que quedan del grupo de los 75 que no quieren someterse a la fórmula de salir para España?

Según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores español, los van a excarcelar con licencia extrapenal, igual que los que fueron deportados, desterrados o expatriados como prefiera llamársele.

Esto no es libertad, por lo que tanto el gobierno español como la jerarquía de la Iglesia Católica, han fallado en sus gestiones con la dictadura, que como siempre busca soluciones intermedias que le permitan salir con algún aire de los problemas.

En este caso, los que se fueron del país si regresan tienen una causa pendiente, y los que han dicho que se quedarán en Cuba, también tendrán sobre sí la espada de Damocles, porque en cualquier momento pueden volver a prisión, ya que esto solo significa una suspensión de la condena y no la libertad.

Según la Ley, la responsabilidad penal se extingue por: muerte, cumplir la sanción, haber transcurrido la remisión condicional de la sanción, amnistía, indulto, sentencia absolutoria de procedimiento de revisión, prescripción de la acción penal, prescripción de la sanción, y desistimiento del querellante o denunciante.

De igual forma 9 presos del Grupo de los 75 se encuentran en este limbo jurídico en la calle; algunos de ellos quieren abandonar el país, tienen visa y no se les entrega la “tarjeta blanca”, que es el permiso de salida, comparable a la carta de libertad de los esclavos, porque incluso hay que pagarla con moneda convertible. ¿Correrán la misma suerte los que deseen emigrar de los 12 que quedan?

No hay dudas que el gobierno español conoce de todo esto a la perfección, pero sus objetivos están claros: terminar con la Posición Común Europea, no importa que sea un “desatino” lo que esté planteando.