Por Darsi Ferrer.
La exclusión del gobierno de Honduras en la última Cumbre Iberoamericana arroja serias dudas sobre el carácter democrático de ese marco regional, donde se aceptó la arbitraria decisión de dejar fuera a un gobierno elegido soberanamente en las urnas. De modo paradójico, no hubo ningún reparo en la participación de la delegación cubana, que representa a la única dictadura militar del Hemisferio, y su gobierno en más de medio siglo jamás se ha sometido a elecciones libres, prohíbe el multipartidismo, reprime toda manifestación de libertad de prensa y encarcela a sus disidentes políticos.
Detrás de esta pertinaz ojeriza, que contó con el beneplácito y responsabilidad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como representante del país anfitrión, se percibe la perniciosa labor de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), engendro subversivo fraguado en las cocinas de la inteligencia cubana y subvencionado por los dividendos del petróleo de Venezuela. Este instrumento de intervención político militar aunque demuestra estar en franco declive ante la pérdida de buena parte de su credibilidad, luego de los rotundos fracasos en los intentos subversivos e injerencistas que experimentó primero en Honduras y más recientemente en Haití, aún persiste y logra deformar el carácter democrático del Continente, al influir decisivamente para convertir a la república de Honduras en un paria.
Los argumentos utilizados para la exclusión del hermano país centroamericano en el cónclave regional son una distorsión de los hechos allí acaecidos. Fue precisamente el jerarca venezolano, Hugo Chávez, quien alimentó las ambiciones de poder del entonces presidente Manuel Zelaya, iluso al que convenció de que recibiría el apoyo político y financiero del ALBA y de los gobiernos de izquierda de la región, en su intentona inconstitucional de perpetuarse en el poder. La actuación rápida y decidida de los poderes civiles y militares hondureños logró frenar la pretendida vulneración del Estado de Derecho. Por ello, Honduras y su pueblo recibieron de inmediato el impacto de la furia del ALBA y sus satélites políticos.
Pese al desempeño ordenado y consecuente con la ley de su nación, las autoridades provisionales fueron acosadas y aisladas durante un año. Los hechos y resultados palpables en el país desmintieron que la acción tomada contra Zelaya fuera uno de los tradicionales golpes militares tan a la usanza en el Continente hasta hace unos pocos años. El presidente interino, Roberto Micheletti, anunció de inmediato sus intenciones de convocar elecciones multipartidistas en seis meses. Sin embargo, sufrieron acusaciones y acosos, embargos comerciales y financieros, acciones y presiones injerencistas por parte de gobiernos del área. Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Cuba y Brasil se comportaron tan imperial y arrogantes con una nación hermana como históricamente han acusado a la política exterior de los Estados Unidos.
Además de crearse un frente cerrado de condena y marginación al gobierno emergente de Honduras, calificándolo de golpista, el infundado repudio fue tan sospechosamente coordinado que al principio arrastró hasta a otros países democráticos de Occidente, los que apoyaron el rechazo continental. Sólo a medida que se fueron conociendo las circunstancias y la masiva respuesta del pueblo de Honduras, contraria al destituido Zelaya y de apoyo al nuevo gobierno provisional, fue que poco a poco estas naciones democráticas abandonaron posiciones tan apresuradas y extremas para asumir un prudente compás de espera ante los acontecimientos.
Y la comunidad internacional fue testigo de que el gobierno provisional de Honduras cumplió su palabra. Sus elecciones multipartidistas fueron inusualmente masivas, transparentes, observadas internacionalmente y los resultados aceptados por la opinión pública. Sin embargo, las fuerzas antidemocráticas que se proclaman campeonas del orden constitucional persisten en negarle el reconocimiento a esa expresión de libre voluntad de los hondureños.
¿Tiene el ALBA y compañía el derecho a decirle al pueblo de Honduras quién debe gobernarlos? ¿Quién mejor que los propios hondureños para determinarlo? Olímpicamente se olvida que la salida electoral ha sido aceptada por la comunidad internacional como la solución usual y menos traumática a las crisis dejada por otros recientes casos de turbias demociones, como fueron las de Jamid Mahuad y Lucio Gutiérrez en Ecuador, la de Sánchez de Losada en Bolivia o De la Rúa en Argentina. Con estos antecedentes regionales, ¿por qué es refrendado en la Cumbre Iberoamericana este empecinamiento en mantener fuera a la legítima representación de Honduras?
Como presidenta del país anfitrión del evento, la presidenta Kirchner es la máxima responsable de este desafuero de Argentina. Resulta inconcebible que en la Cumbre Iberoamericana se rechace la participación de una nación hermana, que cumple los estándares democráticos de respeto a la soberanía y voluntad popular. Más cuando al mismo tiempo se acepta como par, y con extraordinario beneplácito, a un régimen militar, ilegal y abusivo de todos los derechos humanos como el gobierno de Cuba.
Ante esta contradictoria realidad, el documento final aprobado en la Cumbre refleja una colosal hipocresía y en particular una burla hacia el pueblo cubano. Además de la resolución de condena al embargo americano, los asistentes se comprometieron en el no reconocimiento de cualquier gobierno del área que emerja como resultado de un golpe civil o militar. En estos planteamientos hay un evidente y descarnado doble rasero. Los cubanos no desean ser gobernados por una dictadura como la de los hermanos Castro. Aspiran a una transición pacífica, gradual y segura hacia la democracia. Pero a la luz de las conclusiones aprobadas por la Cumbre de Mar del Plata, en caso de sucederse un golpe de estado en Cuba, ¿la comunidad de gobiernos del área actuaría del mismo modo como lo ha hecho con Honduras? Y de presentarse una transición hacia la democracia, a semejanza de la ocurrida en el fenecido Campo Socialista, ¿presionarían brutalmente para que los Castro fueran restituidos en el poder como los verdaderos representantes del pueblo cubano?
Los gobiernos de Costa Rica, Panamá, Perú, Chile, España y otros, pese a su comportamiento alejado del retrógrado y manipulador grupo en torno al ALBA, se dejan presionar y han aceptado la injusticia cometida con Honduras. Y con esa errática política han terminado por institucionalizar la ilegitimidad democrática a nivel regional.
En este tipo de coyuntura, ¿qué podrá sacar en limpio a favor de su pueblo la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, que en el presente sufre la injustificada agresión y despojo a manos del gobierno de Nicaragua, sin que los países latinoamericanos se movilicen en contra del desafuero como lo hicieran con el gobierno hondureño?
El hermano pueblo de Venezuela, ¿encontrará algún amparo en los gobiernos iberoamericanos ahora que Chávez desconoce deliberadamente el Estado de Derecho? Al peor estilo de su mentor Fidel Castro, tan sólo esperó a retornar de Mar del Plata para radicalizar el desmembramiento de la democracia venezolana. Aunque su actuar anticonstitucional constituye un verdadero golpe de estado dirigido a secuestrar el poder, no se escucha una sola condena ni rechazo de parte de los flamantes mandatarios de la región.
Es alarmante que el resentimiento acumulado por los gobiernos latinoamericanos de corte izquierdista tenga tanto peso como para aplicarle medidas de ostracismo de nivel continental a un país como Honduras, pequeño y sin recursos. No se ha tenido en cuenta esto, ni que los hondureños supieron solventar con firmeza democrática los rezagos de una crisis nacional provocada por el intervencionismo del ALBA. En ese país no gobierna una junta militar ni civil surgida del operativo militar que depuso al aspirante a dictador Zelaya. Y se ratifica el hecho de que los poderes públicos elegibles de esa vilipendiada nación centroamericana están ocupados por funcionarios salidos de elecciones libres, multipartidistas e impolutas.
Por tanto, y en lo particular para los cubanos que sufren un régimen castrista y antidemocrático, la exclusión de Honduras de la comunidad latinoamericana establece un nefasto precedente. La justa causa libertaria sostenida por los demócratas de la Isla no debe aspirar a la solidaridad de los gobiernos de Iberoamérica, no si insisten en practicar una abusiva discriminación con los pueblos que defienden su soberanía. Esta es una penosa realidad a tener en cuenta.
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