Por Jaime Leygonier, Hablemos Press.
El opositor pacífico, Juan Wilfredo Soto García, murió horas después de ser golpeado en un parque por agentes de la policía nacional revolucionaria, y el comunicado oficial afirma que murió “de muerte natural por pancreatitis”, y que “es mentira” que muriera de lesiones internas por la golpiza.
¡Fatalidad demasiado casual que la enfermedad se desencadenó tras la golpiza! Así mismo, el comunicado denigra al difunto acusándolo de delincuente común y de “usado por la contrarrevolución”.
Esta respuesta oficial a la divulgación espontánea entre la población cubana de la noticia del asesinato sigue el patrón de justificar cualquier hecho de sangre de las autoridades como “natural” y de desacreditar a las víctimas: por un lado “no fue culpa de nadie”, por otro lado “era un delincuente, no se perdió nada”.
El 13 de junio de 1994 ocurrió una masacre ante la boca de la bahía de La Habana, contra un grupo numeroso que pretendía huir del país en un remolcador de madera al que las autoridades para que no escaparan y dar un escarmiento, envistieron con buques de hierro ahogando alrededor de 40 personas, entre ellos 9 niños.
Entonces la versión oficial fue “accidente” y culpó a los padres por “su irresponsabilidad” de embarcar a sus hijitos en un barco viejo sobrecargado.
La parodia del juicio sobre el caso dictaminó que fue “accidente”, y como en todo el mundo la legislación pena a los responsables de accidentes, aquí los responsables de ahogar a ese grupo numeroso de seres humanos, fueron exonerados de toda culpa.
La muerte del prisionero de conciencia, Orlando Zapata Tamayo, a quien depauperado en prolongada huelga de hambre encerraron las autoridades en celda solitaria, desnudo con las temperaturas invernales más bajas en años, y al que le cortaron durante varios días el agua, pretendiendo así obligarlo a comer, ocurrió según versión oficial por “privación voluntaria de alimento”, pero la ciencia hizo “todo lo posible” por salvarlo.
Todo menos consentir a las simples demandas de Zapata: respeto a su dignidad y alimentarse de lo que le llevara su madre. También el comunicado oficial se extendió denigrando al difunto por “delincuente común”.
La muerte masiva de ancianos recluidos como pacientes del Hospital Siquiátrico de La Habana, muertes por hambre, frío y maltratos, fue oficialmente explicada como “por causas naturales”, y la reciente nota de prensa sobre el juicio por los hechos, notificó condenas (la mayor de 12 años) por figuras delictivas relativas a malversación, y ninguna por negación de atención médica y maltratos.
Y ni una palabra de compasión por la muerte de esos pacientes, sólo palabras de condenas por el daño a “la imagen” de la atención de salud en Cuba y de “la Revolución”, aprovechado por “propagandas anti cubanas”.
La violencia y las arbitrariedades oficiales impunes van en aumento.
Volverán a matar a “delincuentes” o “gusanos apátridas”, o a cualquier hijo de familia indiferente o comunista que tropiece con un abusador con uniforme. Morirán por “causas naturales” o patadas que revientan órganos.
La impunidad y la falta de cumplimiento de las leyes que protegen la integridad del individuo son necesidades crecientes de este poder. Los que dan la orden de hundir el barco con una multitud y de cumplir con turbas de policías de civil la consigna “la calle es de los revolucionarios”, están impune en el poder criticando “la muerte de Bin Laden”.
Reciben de las autoridades de los países democráticos tratamientos de “máximo líder de la revolución” y “excelentísimo señor presidente”.
Cuando nos peguen un tiro en la nuca, nunca dirán que morimos de hemorragia cerebral y, por descontado, que somos delincuentes y contrarrevolucionarios, muerte tan natural como la muerte de la economía, la ley y el orden bajo este tipo de regímenes.
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