Foto: José Alberto Álvarez Bravo.
Barcelona/ Mambí en A/ El Departamento de la Seguridad del Estado de Cuba (DSE) ordenó el 12 de julio el arresto y decomiso de equipos de trabajo y material de estudio al promotor de las Veladas Ciudadanas y periodista independiente, José Alberto Álvarez Bravo, quien ha organizado reuniones en espacios públicos, fuertemente reprimidas por las autoridades, demostrando esto la falta de libertades en la Isla.
No obstante, varios disidentes en su condición de ciudadanos continuaron realizando las Veladas Ciudadanas en diferentes partes del país y en protesta por la detención arbitraria del periodista.
Álvarez Bravo, acusado de receptación y contrabando, fue liberado el 15 de julio luego de permanecer 78 horas sin ingerir alimentos en la estación policial de Investigaciones, conocida por Acosta, y ubicada en el municipio 10 de Octubre en Ciudad de La Habana.
El DSE también arrestó el 12 de julio a Maury Emilio Dupuy Arredondo, asesor político del Partido 30 de Noviembre Frank País en Santa Cruz del Sur, Camagüey, y le realizó un registro en su domicilio ubicado en la calle Libertad, ocupándole documentos personales y memorias USB. Arredondo fue liberado sin cargos pero bajo amenazas de llevarlo a la cárcel.
Las acusaciones contra Álvarez Bravo y Arredondo demuestran como las autoridades castristas hacen uso del poder y manipulan a los Tribunales condenando a los disidentes para silenciarlos.
En el caso del periodista, que desde abril hasta la fecha ha sido detenido nueve veces, varios líderes disidentes opinan que el costo político es demasiado alto para dejarlo en la cárcel.
Sobre las acusaciones, Álvarez Bravo dijo el miércoles a Hablemos Press: “a la hora de liberarme me presentaron un papel donde decía que yo había incurrido en los delitos de receptación y contrabando, y sin embargo, qué demostraría que yo cometí ese delito cuando fui liberado sin una medida cautelar, sin nada. Borrón y cuenta nueva. Aquí no ha pasado nada. Entonces los delitos se van a quedar impunes. Los cometí o no”.
Foto: José Carlos, agente del Depart. de la Seg. del Estado de Cuba.
“Los cargos contra Álvarez Bravo es una maniobra política para desacreditarlo a él y a la oposición, a eso acostumbra este régimen y más cuando los disidentes comienzan a ganar espacios en los lugares públicos”, afirmó Marco Antonio Lima Dalmao, padre de Marcos Maykel y Antonio Michel Lima Cruz, dos hermanos sancionados el 24 de junio del 2011 por un Tribunal de Holguín por escuchar música de Los Aldeanos y enarbolar una bandera.
“Anteriormente a esta detención fui amenazado por el oficial Tamayo y Octavio de que sería detenido en donde quiera que fuera. Esto se debe a que dicen que soy el promotor de las Veladas Ciudadanas. Realmente es una represalia en mi contra porque estando en la unidad detenido las Veladas se han realizado en distintos lugares del país. Me mantuvieron detenido por 78 horas, en ese tiempo fui interrogado todos los días tres y cuatro veces por los oficiales Octavio y José Carlos, que fueron los mismos que realizaron el registro y que daban las ordenes a la policía sobre cuáles artículos debían llevarse”.
Entre los equipos incautados a Álvarez en el registro están un computador “laptop con todos sus accesorios, cargadores de cámara fotográfica, un teléfono móvil, documentos personales y 168 libros, casi todos de edición cubana”.
“Si cometí los delitos qué hago en la calle, y si no los cometí por qué me quitaron mis pertenencias y me excarcelaron. Algo ahí no funciona (...) hay una disfuncionalidad jurídica. Algo ahí no es entendible”, señaló Álvarez.
Las autoridades castristas utilizan a los tribunales para eliminar a los líderes opositores de las calles.
El 31 de mayo Luis Enrique Labrador Díaz, Yordani Martínez Carvajal, David Piloto Barceló y Walfrido Rodríguez Piloto, del Movimiento la Fuerza de la Verdad, que en reiteradas ocasiones lanzaron octavillas en diferentes zonas de la capital, fueron condenados a 5 y 3 años de cárcel, acusados de Desacato de Carácter Continuado y Desordenes Públicos.
Otro disidente, Ariel Arzuaga Peña, director del Centro de Derechos Humanos Luz y Verdad en Bayamo, fue acusado de dos supuestos delitos de Desacato a las autoridades. La sentencia ratificada el pasado 30 de junio es de 6 años de prisión.
En mayo, Álvarez solicitó a Reporteros Sin Fronteras, al Comité para la Protección a los Periodistas y a la Sociedad Interamericana de Prensa que se pronunciaran por el decomiso de una cámara fotográfica y otros equipos de trabajo, así como, por las reiteradas detenciones del DSE.
“Realmente es una represalia en mi contra que demuestra que aquí se viola hasta el más mínimo derecho a la libertad de reunión y expresión”, afirmó Álvarez Bravo.
Es un reporte desde La Habana, Cuba, de Roberto de Jesús Guerra Pérez, Hablemos Press.
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