Barcelona/ Mambí en A/ Familiares de un estudiante de electrónica asesinado en una escuela politécnica del municipio Mariel, en La Habana, Cuba, denunciaron el miércoles que las autoridades se niegan a exhumar el cadáver del joven para realizarle exámenes forenses.
Raúl Ramírez Puig, padrastro de Emilio Lázaro Pérez Valdés (joven de 15 años de edad que fue hallado flotando el 30 de julio del 2010 en un estanque de agua en una fábrica de cemento del Mariel), y su esposa, Odalys de la Caridad Valdés Suárez, madre del menor, declararon el miércoles a Hablemos Press: “las autoridades se niegan a exhumar el cadáver”.
El cadáver de Emilio Lázaro lo hallaron en un estanque cercano a la escuela politécnica “Juan Manuel Castiñeira” del municipio Mariel, donde se encontraba becado.
“La muerte del niño fue un accidente que el mismo se provocó, nos dieron a entender cínicamente en una entrevista realizada en Artemisa el lunes 15 de este mes varios funcionarios”, dijo Ramírez Puig, quien ha reclamado una investigación sobre la verdadera causa de la muerte del estudiante.
El Ministerio del Interior no entregó el cuerpo a sus familiares. Tampoco lo dejaron reconocer, ni velar. Los motivos de esta acción no han sido esclarecidos hasta la fecha por las autoridades.
“Ellos (las autoridades) decidieron en esta reunión decirnos que la muerte del niño había sido un accidente y que el caso se cerraría, que no había por qué exhumar el cadáver ni realizar exámenes forenses”, dijo Ramírez Puig, quien subrayó: “me pareció que la muerte de mi hijo la compararon con la pérdida de un medio básico de la escuela donde se encontraba becado”.
En la reunión efectuada el lunes en la estación policial de Artemisa “participaron siete funcionarios del Ministerio del Interior, vestidos de uniforme, el jefe de la Seguridad del Estado de la provincia Mayabeque, los jefes de territorio Artemisa y Mayabeque, un médico forense, especialistas de criminalística, la jefa de educación del municipio Mariel y una fiscal de Artemisa, eran como 15”, señaló Ramírez Puig.
“Estos funcionarios dijeron que ya ellos aplicaron medidas administrativas en la escuela, y a los oficiales que desaparecieron el cadáver del niño los cambiaron de puesto de trabajo, o sea, sanciones administrativas para todo el mundo”, relató Odalys de la Caridad.
El matrimonio expresó que las autoridades plantean que no tenemos la razón. Que no se puede exhumar el cadáver porque el niño fue reconocido por los profesores y no es necesario realizarle exámenes forenses ya que en un principio ellos lo hicieron. Cosa que no es cierta, el certificado de defunción que nos dieron aparece en blanco”.
Tres semanas atrás, Ramírez y Valdés informaron a Hablemos Press que una enfermera amiga de la familia avisó que oficiales de la Seguridad del Estado estuvieron presionando a médicos del policlínico Osvaldo Sánchez para que le inventaran una historia clínica del menor asesinado, en la que se reflejara enfermedades crónicas en su niñez.
La familia Ramírez y Valdés reside hace 22 años en el poblado Bizarrón, a unos 7 kilómetros de distancia del municipio Güines, en la actual provincia Mayabeque, y a 52 Km de La Habana.
“Los médicos no pudieron hacer nada, según nos dijo la enfermera, pues mi hijo nunca fue un niño enfermizo y no tiene historia clínica”, aseguró Odalys de la Caridad.
“Les dije que carecían de ética moral y vergüenza, que estuvieron presionando a los médicos para seguir jugando con el dolor de una familia desconsolada y guardaron silencio”, reiteró Odalys de la Caridad.
Ramírez Puig dijo que las autoridades “no han querido llevar a los culpables a los tribunales, porque saben que hay involucrado hijos de militares. “Estoy más que seguro que fueron ellos quienes lo asesinaron. Y si no se ha cometido ningún acto de violación con el niño o nosotros, por qué entonces no exhuman el cadáver y nos sacan de duda. ¿Qué esconden?”.
Las autoridades no han divulgado ni una sola palabra de este caso por ningún medio.
“Actitudes como estas carecen de ética, y está más que comprobado que nosotros los cubanos no tenemos derecho a ser dueño ni de nuestros propios hijos, incluso, ni siendo ya cadáveres”.
“Ellos niegan haber cometido alguna injusticia. Niegan haber cometido un acto terrorista. Niegan todo. Y es que tratan de tapar lo sucedido, la responsabilidad de la escuela, de los oficiales terroristas que lo desaparecieron, y de los tres oficiales y la fiscal que estuvieron en nuestra casa amenazándonos con desaparecernos a mi familia”, precisó Ramírez Puig.
En la opinión de Rodolfo Ramírez Cardozo, un disidente, “las autoridades tratan de ocultar cualquier evidencia que los incrimine o ponga en tela de juicio en estos casos”.
El disidente puso como ejemplo la muerte de un joven que robaba anoncillos y fue muerto de un tiro a manos de un ex militar. “Los forenses tuvieron el cinismo de decir que la causa de muerte fue una anemia”.
Es un reporte desde La Habana, Cuba, de Roberto de Jesús Guerra Pérez, Hablemos Press.
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