Por José Alberto Álvarez Bravo.
Un joven esmirriado, típico representante del “hombre nuevo”, tocó a la puerta de la vivienda de mi esposa, Lilia Castañer, en el primer piso del edificio situado en el número ciento cuatro de la calle J, en El Vedado, el martes 18 de septiembre de 2012. Una gorra azul, un pullover con membrete y un portafolio negro lo acreditaban como colector de datos para el Censo de Población y Viviendas realizado por las autoridades a lo largo de la isla.
Un amigo de la casa, Manuel Cuesta Morúa, acudió al llamado:
-“Lilia, te buscan”.
Con la seriedad que corresponde a su investidura, el joven recabó la colaboración de mi esposa para cumplir su cometido:
-“Mire, necesito me suministre los datos sobre los equipos para el censo que Usted ya conoce”.
-“Lamento decirle que mi dignidad como persona ha sido muy ultrajada por las personas que te enviaron a hacer esa labor, y por consiguiente no estoy dispuesta a responderte ninguna pregunta; con todo respeto a tu persona, pero en esta casa no nos prestamos para ese juego”.
Esto explica, en síntesis, por qué en la puerta de nuestra vivienda no hay una pegatina donde se anuncia que la misma ha sido censada; para esta conducta, aparentemente antisocial, tenemos fundadas razones: desde que iniciamos nuestra vida como disidentes públicos, hemos sido objetos de un acto de repudio, numerosas detenciones arbitrarias, allanamiento del domicilio con expoliación de nuestras pertenencias, maltratos físicos y morales, conculcación de nuestros derechos ciudadanos –como impedir reunirnos en espacios públicos, denegar repuestas a nuestras quejas y peticiones conforme al precepto constitucional, asediar nuestra vivienda con agentes de la policía política-, por lo que habíamos tomado la decisión de no colaborar con esta actividad gubernamental ni con la farsa electorera en ciernes por estos días.
Otro elemento significativo tiene que ver con un artículo – Ser ciudadano- publicado el 26 de mayo de 2011, en la página de opinión del diario oficialista Juventud Rebelde, bajo la firma de Ricardo Ronquillo Bello, donde el asalariado de la dictadura nos despoja de nuestro status de ciudadano, condición que según él, hay que “ganarse o merecer”; conforme a su enjundioso criterio, “se puede ser un simple habitante del país sin ser su ciudadano.”
Es improbable que seamos los únicos en Cuba en asumir semejante actitud; es de suponer que otros, -quizás muchos- en la sociedad civil, hayan adoptado igual conducta por similares motivos, pero mientras nos enteramos podemos asegurar que con relación al Censo de Población y Viviendas, dos fantasmas habitamos en “la capital de todos los cubanos”.
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