Barcelona/ Mambí en A/ Fabian, Chófer en paro:
"Yo estoy con depresión. Me siento mal. Por la noche no puedo dormir, me levanto mal, me acuesto mal pensando que el día de mañana vamos a ser nosotros los que vamos a tener que salir de la vivienda y dejársela al banco y ¿a dónde vamos? y además de eso, no es sólo que nos tengamos que ir. Estuvimos con la banca, estuvimos con el director hablando y nos dijo que además de eso nos dejaba una deuda, nos queda una deuda a nosotros para que de por vida tengamos que pagar"
Esa misma espada de Damocles pende sobre las cabezas de muchos en España. Fabian y Mariuxi son ecuatorianos. Llegaron a España hace 10 años y compraron este apartamento hace cuatro. Él era chófer, ella cuidaba niños. Ahora están los dos en paro. No pueden pagar la hipoteca y el banco quiere expulsarles. Tienen un hijo de 14 años.
Desde 2008 la ley que permite a los bancos expulsar a los propietarios que no paguen sus hipotecas ha afectado a 400 mil familias.
Actualmente hay cerca de 500 desahucios diarios, los préstamos inmobiliarios representan el 70% de la deuda de los hogares españoles.
En este barrio de Baracaldo donde el viernes se suicidó una mujer de 53 años y donde muchos otros están a punto de perder sus viviendas, hay carteles de se vende por todos lados.
Bajo la presión de los dos suicidios por desahucios que acaban de producirse en España, el Gobierno ha prometido que tomará cartas en el asunto.
Para las asociaciones que militan para cambiar la ley no hay tiempo que perder:
Rosa de la Fuente, Presidente de la Asociación de afectados por las hipotecas del País Vasco:
"Un decreto por la vía de urgencia que plantee una moratoria mínima amplia de cinco años, hasta que las familias podamos de alguna manera ir entrando en una dinámica de mejoramiento de nuestra situación económica."
La campaña bautizada "stop a los desahucios" que reclama entre otras cosas la dación en pago, es decir, la cancelación de la hipoteca a cambio de la entrega de la vivienda, ha cobrado nuevos bríos tras el dictamen del tribunal de Justicia Europeo, que considera que la normativa española sobre desahucios incumple la directiva comunitaria de protección del consumidor frente a cláusulas abusivas.
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