Barcelona/ Mambí en A/ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la sentencia de 30 días de prisión que le fue impuesta a un periodista ecuatoriano por el delito de desacato, por considerarla un abuso de autoridad en detrimento de la libertad de prensa.
El juez Bayardo García, sentenció a 30 días de prisión y a pagar una multa de 30 mil dólares estadounidenses al periodista Yaco Martínez, por el delito de injurias contra María Helena Villareal, ex gobernadora de la provincia de El Charqui, Ecuador, en el límite con Colombia.
Martínez, presidente del periódico La Nación de aquella provincia, fue demandado por una noticia publicada en setiembre de 2012, titulada: “Persona declarada como no grata quedará encargada de la gobernación”, en la que se explicaba que la gobernadora estaba de vacaciones. Villareal consideró que dicha nota era injuriosa contra su autoridad y engañosa.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, manifestó que la SIP rechaza “todo tipo de fallo que criminalice la función de los periodistas cuando están informando sobre asuntos relativos a la conducta de funcionarios públicos involucrados en temas de interés público”.
Paolillo, director del semanario Búsqueda, Montevideo, Uruguay, dijo que respecto a este fallo, la SIP no solo insiste en que la justicia debe aplicar la doctrina de la “real malicia” o la no intención del agravio de un periodista, sino también del sentido de la proporcionalidad, “ya que lo elevado de algunas multas, como en este caso, tienen como fin imponer un bozal a la prensa”.
Por último, Paolillo indicó que las leyes de desacato son una contradicción en las democracias modernas, y “permiten que se cometan abusos a la libertad de prensa”, como en este caso, por lo que llamó a los legisladores de ese país a extirparlas de la legislación nacional y a no permitir que sean introducidas nuevas mordazas a través de la nueva Ley de Comunicación, pronto a discutirse en el Congreso nacional.
El periodista Martínez está en el proceso de apelar la sentencia y recusar al juez por un parentesco entre un miembro cercano de su familia con la ex gobernadora.
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