Barcelona/ Mambí en A/ El 16 de abril de 2013, la jueza nacional Lucy Blacio sentenció al asambleísta Pachakutik Cléver Jiménez y al exsindicalista Fernando Villavicencio, a un año y medio de prisión por el delito de injurias contra el presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, mientras que el activista Carlos Figueroa fue sentenciado a seis meses por el mismo delito. En los tres casos, los acusados también deberán ofrecer disculpas públicas al Jefe de Estado a través de los medios de comunicación escritos, televisivos y radiales, y pagar una indemnización calculada de acuerdo al sueldo actual del Mandatario (superior a $6000).
En la sentencia, la Jueza afirma que "se ha probado la existencia material del delito de injuria judicial tipificado y sancionado en el artículo 494 del Código Penal; y que se encuentra probada la participación de los señores José Cléver Jiménez Cabrera (...) Carlos Eduardo Figueroa Figueroa (...) y Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, a quienes se declara culpables en calidad de autores materiales, y se les impone a cada uno la pena privativa de libertad de un año y medio de prisión y multa de treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; penas que deberán ser cumplidas en el Centro de Rehabilitación Social de Pichincha". Sin embargo, para Figueroa se establece una pena de seis meses de prisión por atenuantes.
Así mismo, en la sentencia "se reconoce el derecho de la víctima a su reparación integral, disponiendo que los ciudadanos querellados (...) ofrezcan disculpas públicas al ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado, por los medios de comunicación escritos, televisivos y radiales. La publicación por cuatro medios de prensa (2 públicos y 2 privados) de mayor circulación de un extracto de la presente sentencia que contenga la parte considerativa y resolutiva de la misma, y como reparación económica se dispone el pago de una remuneración actual del ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado calculada por cada uno de los meses desde el 4 de agosto de 2011, fecha en que se presentó la denuncia calificada como maliciosa y temeraria, hasta la notificación de la presente sentencia".
Este juicio se originó en 2011, a raíz de la acusación que formularon los ahora sentenciados, respecto a que el Presidente supuestamente había ordenado la incursión armada en el Hospital de la Policía, durante los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010. Sin embargo, dicha demanda fue desechada y el mandatario los contrademandó por el delito de injurias.
En declaraciones a la prensa, el abogado Julio Sarango denunció que la sentencia es nula porque la jueza Lucy Blacio incumplió disposiciones legales para sentenciar a su defendido Cléver Jiménez. Según Sarango, la Asamblea Nacional no se pronunció sobre si autorizaba o no el enjuiciamiento penal al asambleísta, por lo que esperan llevar el caso a cortes internacionales.
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