Barcelona/ Mambí en A/ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha venido dando seguimiento cercano a la situación en Venezuela con posterioridad a las elecciones presidenciales celebradas el 14 de abril de 2013, y manifiesta su profunda preocupación por los graves hechos de violencia que han tenido lugar tras la realización de dichas elecciones, así como, por los ataques violentos ocurridos el 30 de abril en la Asamblea Nacional. La Comisión Interamericana insta al Estado a adoptar de manera urgente todas las medidas que sean necesarias a fin de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, los derechos políticos, el derecho de reunión y los derechos a la libertad de asociación y libertad de expresión.
La CIDH ha recibido información preocupante en las últimas semanas según la cual luego de las elecciones celebradas el 14 de abril habrían ocurrido muertes violentas, agresiones por razones políticas, ataques a sedes de instalaciones públicas y privadas, represión de manifestaciones públicas a través del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, arrestos presuntamente arbitrarios, prohibición de realizar manifestaciones públicas, amedrentamiento a funcionarios públicos con base en sus opiniones políticas, y restricciones a la libertad de expresión, entre otros. Así mismo, según la información disponible, varias personas resultaron heridas por graves agresiones sufridas el 30 de abril en la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela, en un contexto en el cual el Presidente de la Asamblea Nacional habría negado el uso de la palabra a los congresistas que no reconocieran de viva voz a Nicolás Maduro como presidente.
Al conocer los hechos de violencia tras las elecciones del 14 de abril, la Comisión Interamericana solicitó información al Estado, con fundamento en las facultades de la CIDH dispuestas en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Específicamente, la Comisión solicitó información sobre la identificación de las personas que habrían muerto en los hechos de violencia ocurridos con posterioridad a la celebración de las elecciones, y sobre las investigaciones penales que se estarían llevando a cabo por estos hechos, la identificación de las personas que habrían sido detenidas, la base legal sobre la cual se habrían llevado a cabo dichas detenciones, las autoridades a cargo de dichas personas y su ubicación, la situación de salud de las personas detenidas y las medidas de atención médica brindadas a las personas que habrían resultado heridas, sobre la existencia de investigaciones por el presunto uso desproporcionado de la fuerza en el control de las manifestaciones durante los días 15 y 16 de abril, sobre la existencia de investigaciones por las presuntas agresiones sufridas por periodistas, la destrucción de material y violencia contra medios de comunicación los días 14, 15 y 16 de abril, y sobre garantías laborales existentes para evitar cualquier tipo de represalia laboral por el ejercicio de la libertad de expresión o el ejercicio libre del derecho al sufragio. La CIDH agradece al Estado el envío de una respuesta a esta solicitud de información.
En su respuesta, recibida el 8 de mayo, el Estado informó que según la Fiscalía General 9 personas resultaron muertas y 78 lesionadas. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil han informado sobre 13 personas muertas en los hechos de violencia. El Estado cita a la Fiscal General indicando que “las víctimas eran partidarias del chavismo que fueron atacadas por grupos afectos a la oposición”; también informa que las investigaciones judiciales sobre estos hechos están en curso. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil han informado a la CIDH sobre muertes y lesiones que habrían sido consecuencia del presunto uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Guardia Nacional, así como, detenciones presuntamente arbitrarias a miembros de la oposición, hechos a los cuales el Estado no hizo referencia. El Estado informó que se ha constituido una comisión mixta de la Asamblea Nacional para investigar los hechos violentos del 15 y 16 de abril.
La Comisión llama al Estado a iniciar investigaciones sobre todas las muertes y hechos de violencia reportados, así como, a reforzar todas aquellas acciones que garanticen que las investigaciones iniciadas se realicen de forma diligente e imparcial. El Estado debe sancionar a las personas que resulten responsables de estos hechos, lo cual debe ser determinado mediante la conducción de juicios con todas las garantías del debido proceso, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.
La Comisión recuerda que el derecho de asociación y la libertad de expresión son derechos fundamentales garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y son esenciales para la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática. En ese sentido, la protección de tales derechos comporta no sólo la obligación del Estado de no interferir con su ejercicio, sino el deber de adoptar en ciertas circunstancias, medidas positivas para garantizarlo de manera efectiva, por ejemplo, protegiendo a los participantes de una manifestación contra la violencia por parte de terceros. Así mismo, cualquier restricción de estos derechos debe estar justificada en un interés social imperativo. En este sentido, un Estado puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas o dispersar aquellas que se tornan violentas, siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, el accionar de agentes estatales no debe desincentivar los derechos de libertad de asociación y expresión, por lo cual la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas, y deben utilizarse las medidas más seguras y menos lesivas para los manifestantes. El uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos. La criminalización de la legítima movilización y protesta social y del ejercicio de la libertad de expresión, sea a través de represión directa o mediante la iniciación de procesos judiciales originados en el ejercicio de dichos derechos, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión. En este sentido, la Comisión expresa su profunda preocupación por los eventos violentos que habrían tenido lugar, los cuales representarían graves obstáculos para la participación ciudadana indispensable en toda democracia.
Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; y el derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Así mismo, la Corte Interamericana ha destacado que las voces de oposición resultan imprescindibles para una sociedad democrática, sin las cuales no es posible el logro de acuerdos que atiendan a las diferentes visiones que prevalecen en una sociedad. Por ello, la participación efectiva de personas, grupos, organizaciones y partidos políticos de oposición en una sociedad democrática debe ser garantizada por los Estados, mediante normas y prácticas adecuadas que posibiliten su acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en términos igualitarios, pero también mediante la adopción de medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, atendiendo la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge al Estado a cumplir con el deber de investigar de manera pronta e imparcial, con arreglo al debido proceso, todos los hechos de violencia, hostigamiento, amenazas, presiones ilegítimas y amedrentamiento contra funcionarios públicos que hayan tenido lugar, y a juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
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