Exfuncionario del gobierno Bush habla sobre situación de violación a la privacidad en EEUU
Barcelona/ Mambí en A/ Comunicado de Prensa emitido por la SIP en Washington D.C., a 15 de mayo de 2013.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifiesta su preocupación por la solicitud por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de los registros telefónicos de periodistas de la agencia de noticias The Associated Press (AP) a las compañías telefónicas correspondientes. Este tipo de prácticas puede afectar el ejercicio de un periodismo libre al poner en riesgo la confidencialidad de las fuentes periodísticas.
Según la información recibida, el 10 de mayo de 2013 AP recibió una carta de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en la que se le notificaba que el Departamento de Justicia había obtenido los registros telefónicos de más de 20 líneas utilizadas por editores y periodistas de la agencia durante abril y mayo de 2012. Los registros incluirían llamadas realizadas desde las oficinas de AP y de las líneas telefónicas personales de varios integrantes del personal. Las acciones de recopilación habrían ocurrido sin aviso previo a la agencia de noticias o a sus periodistas.
El lunes 13 de mayo el presidente y CEO de AP, Gary B. Pruitt, envió una carta de protesta al Fiscal General (Attorney General), Eric Holder, en la que objeta “en los términos más fuertes posibles la masiva y sin precedentes intrusión del Departamento de Justicia en las actividades de recolección de noticias de The Associated Press”. En la carta, el director de la agencia expresó que “estos registros potencialmente revelan comunicaciones con fuentes confidenciales a través de todas las actividades de recolección de noticias realizadas por la AP durante un periodo de dos meses, proporcionan una hoja de ruta para las operaciones de recolección de noticias de AP y revelan información acerca de las actividades y operaciones de AP que el gobierno no tiene derecho concebible a conocer”.
El Fiscal General Adjunto, James Cole, aseguró en una carta de respuesta enviada a AP, que el Departamento de Justicia se esfuerza por alcanzar en cada caso “un equilibrio adecuado entre el interés público por la libre circulación de información y el interés público por la protección de la seguridad nacional y la aplicación efectiva de las leyes penales”. A su vez, el Fiscal General, Eric Holder, declaró en una conferencia de prensa el martes 14 que las acciones se tomaron en el marco de una investigación sobre una “filtración muy seria” de información que puso al “pueblo americano en riesgo”, por lo que “tratar de determinar quién fue el responsable, creo que requería acciones muy firmes”.
En conferencia de prensa el lunes 13, el Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, declaró que la Casa Blanca no tenía conocimiento de ningún intento por parte del Departamento de Justicia de requerir los registros telefónicos de AP. “El presidente cree que la prensa necesita, en principio, tener la posibilidad de realizar periodismo de investigación sin restricciones”. Añadió que el presidente también considera que no se puede permitir que “información clasificada, que pueda afectar los intereses de la seguridad de la nación o que pueda afectar a individuos, sea filtrada”.
La Relatoría Especial advierte con preocupación, que este tipo de prácticas puede perjudicar el ejercicio de un periodismo libre y afectar el derecho de los periodistas a mantener en secreto la identidad de sus fuentes, como está reflejado en el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
Tal como la Relatoría Especial lo ha indicado en otras ocasiones, la importancia del derecho a la confidencialidad de las fuentes reside en que en el ámbito de su trabajo, y a fin de proveer al público de información necesaria para satisfacer su derecho a recibir información, los periodistas realizan un importante servicio al público cuando recaban y difunden información que no sería divulgada si la reserva de las fuentes no estuviera protegida. La confidencialidad, por lo tanto, es esencial para el trabajo de los periodistas y para el rol que cumplen en la sociedad de informar sobre asuntos de interés público.
Por ello, cuando resulta completamente indispensable realizar este tipo de acciones, no basta con el cumplimiento de las garantías propias del debido proceso. Es necesario notificar a los involucrados para prevenir a las y los reporteros sobre las acciones llevadas adelante y permitir que éstos puedan proteger a sus fuentes de información.
La Relatoría Especial recuerda al Estado la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para evitar poner en peligro esta garantía fundamental para el ejercicio de un periodismo libre.
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