Por José Alberto Álvarez Bravo.
Barcelona/ Mambí en A/ Una de las más frecuentes causas de muerte violenta en la Cuba posterior a 1959 es la suposición, -o conocimiento- por parte de los barbudos devenidos gobernantes, de que algún ciudadano en particular represente un peligro más o menos grave para su perpetuidad en el poder. Es de suponer cuan imposible resultará algún día compilar la cifra exacta de fusilados, desaparecidos y asesinados bajo la cobertura de accidentes o enfermedades.
Los casos de Roberto Amelio Franco Alfaro, Alberto Sigas Hechavarria, Laura Pollán Toledo y Oswaldo José Paya Sardiñas serían los ejemplos más recientes de asesinatos selectivos de adversarios incómodos como política de estado.
A quienes refutaran esta afirmación aduciendo la falta de pruebas, les diría que ellos borran cuidadosamente los indicios y evidencias, y que tampoco existen pruebas concluyentes de la inocencia del gobierno cubano en estas desapariciones y decesos.
Aun cuando no se me oculta que tal afirmación presenta un aparente halo de paranoia, tengo suficientes motivos para concluir que desde principios de 2014, el Departamento de Seguridad del Estado viene elaborando un plan de eliminación física de mi persona. Este presunto plan se asienta en tres razones fundamentales:
1- La vivienda donde resido se encuentra enclavada en una posición geográfica incómoda para el gobierno de Raúl Castro (Calzada y J, Vedado, a dos cuadras de la SINA) y funciona como espacio de encuentro plural de la sociedad civil en Cuba.
2- Represento la Asociación de Familiares de Cubanos Desaparecidos (AFACUDE).
3- Promuevo el Proyecto Cuba EXIGE, nacido el 7 de abril de 2013, donde hasta el momento más de 1 350 ciudadanos cubanos nos hemos juntado para demandar un cambio de régimen para nuestro país.
En Aniversario, Franz Werfell asegura que “las explicaciones de un hecho no son nunca demasiado convincentes”. No obstante, dejo a quien leyera estas líneas los siguientes elementos de análisis:
Foto: Leonel Alberto Pérez Belette, supuesto agente de la seguridad del estado de Cuba.
A- El 3 de enero de 2014, cuando teníamos en internet alrededor de mil grabaciones de video exigiendo un cambio de régimen para Cuba, ETECSA bloqueó las llamadas desde y hacia mi línea de telefonía móvil, situación que permanece hasta el presente.
B- Poco tiempo después, el periodista independiente Leonel Alberto Pérez Belette me manifestó estar realizando una gestión que sería “conveniente para ambos”, todo en términos muy nebulosos. No se hicieron esperar mensajes suyos pidiéndome pasar a recogerme, donde quiera que me encontrara, en un vehículo de turismo, curiosamente de los usados habitualmente por la Seguridad del Estado.
C- El 8 de abril de 2014, el mencionado periodista se personó en mi domicilio, una vez más, para tener una conversación en privado; ya en los bajos del edificio, me ofreció una gira en el vehículo de turismo (había venido en uno de color azul claro), sin costo alguno para mí, como “un obsequio de Elpidio Valdés”. (En un correo electrónico en 2008, una amenaza de muerte contra mi persona venía firmada por Elpidio Valdés) Al rechazar su oferta, Pérez Belette manifestó: “total, uno se muere una sola vez”.
D- El 10 de mayo, este señor irrumpió sin permiso en mi domicilio, y al exigirle abandonar de inmediato la vivienda, se atrincheró frente al edificio con cuatro piedras de considerable tamaño. Por considerar que no había otra salida, llamé a la Policía Nacional; al llegar al lugar el auto patrullero, el frustrado agresor fue recogido en un vehículo de turismo de color blanco, escoltado por el de color azul claro, lo que evidencia la participación de un equipo de agentes de “misiones especiales” del Departamento de Seguridad del Estado. La Policía Nacional, al conocer por sus controles mi condición de CR (contrarrevolucionario) desestimó mi acusación contra el presunto delincuente.
El motivo fundamental de estas líneas es poner en conocimiento de quienes las leyeran, que pese a parecer un dislate desmerecedor del más mínimo interés, estas prácticas las utiliza el gobierno cubano para eliminar a quienes osan poner al descubierto los tenebrosos manejos de los servicios especiales de la policía política.
En razón de haber denunciado convenientemente estas burdas maniobras contra mi vida, el gobierno cubano tendrá que pensar bien si mantendrá su decisión de asesinarme para detener las tres funciones que realizo dentro de la sociedad civil cubana.
Si conforme a su mayor interés de estado, ocurre algún evento definitivo con mi persona, el gobierno de Raúl Castro no podrá alegar inocencia o ignorancia sobre este asunto.
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