Barcelona/ Mambí en A/ En vista de que el gobierno nacional ha tratado de silenciar el caso de Hugo Carvajal, incluso premiarlo con la supuesta designación de Jefe de Política de uno de los gobiernos regionales del centro de Venezuela, y del silencio de Luisa Ortega Díaz, no sólo en su condición de Fiscal General de la República, sino de Presidenta del Consejo Moral Republicano, Ismael García, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, consignó un vídeo y una ampliación de la denuncia realizada por su persona ante este despacho el 4 de noviembre de 2010, donde Hugo Carvajal es acusado por Walib Makled, de haber recibido grandes cantidades de dinero para su protección y encubrimiento.
“Tenemos conocimiento que entre los meses de febrero y mayo de 2012, Hugo Carvajal mantuvo reuniones con funcionarios de la DEA y otras personas más, en Panamá para negociar su entrega a esas autoridades ya que venían haciéndole seguimiento desde el 2008, y aprovechando la coyuntura por la cual estaba atravesando, donde había sido separado temporalmente de toda función pública y del poder que le conferían los cargos de inteligencias ocupados dentro del gobierno. Con mucha facilidad se puede comprobar a través de los servicios migratorios del SAIME, así como del INAC, los viajes de Hugo Carvajal a la ciudad de Panamá”, expresó a las puertas del Ministerio Público.
En este orden de ideas amplió el dirigente de Primero Justicia que entre las exigencias de Hugo Carvajal a los funcionarios de la DEA, se encontraban la protección familiar, la posibilidad de mantener por lo menos la mitad de su fortuna, que supuestamente asciende a más de Quinientos Millones de Dólares, y la protección de tres de sus principales ayudantes, entre los cuales figura Pedro Luis Martín, ex jefe de Inteligencia del Sebin. Y que la sentencia no excediera de los cinco años de prisión. “Este acuerdo nunca tuvo lugar porque en 2012, luego de las conversaciones con los funcionarios de la DEA, sorpresivamente lo designan Viceministro de Investigación Penal del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones del Interior y Justicia y Jefe de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada, con lo cual vuelve al poder y abandona las conversaciones”, expuso.
Asimismo, dijo que de acuerdo a las investigaciones y el seguimiento que se le hacía a Hugo Carvajal por parte de la DEA, se pudo constatar que viajaba semanalmente a Aruba en avión privado y se hospedaba en los mejores hoteles de la isla dependiente del gobierno holandés, y entraba y salía con toda libertad del consulado venezolano en ese país, y es allí donde se estudia la posibilidad de su aprehensión. - Todos los hechos antes mencionados demuestran que la conducta de Hugo Carvajal es eminentemente delictiva, y que por tanto la información que maneja fue obtenida en el ejercicio de los distintos cargos de inteligencia que ocupó, y que son de sumo interés para la sociedad venezolana, que tiene total derecho a saber por los graves señalamientos que se hacen contra este funcionario no solo a nivel nacional, sino internacional, con lo cual se afecta y debilitan las instituciones públicas del país”, advirtió.
El líder de la unidad democrática enfatizó que Hugo Carvajal es sindicado de conocer las redes nacionales e internacionales de delincuencia organizada, las cuales se dedican al tráfico de drogas vinculadas con el terrorismo y el sicariato, los cuales son delitos propios de la delincuencia organizada trasnacional, y que se enmarcan como delitos en la legislación penal venezolana en los artículos 149 de la Ley Orgánica de Drogas, 52 y 44 ambos de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente. “Por la gravedad de todos estos hechos, es importante que el Ministerio Público abra una exhaustiva investigación al respecto, caiga quien caiga. No obstante, señaló que es importante la asistencia de otros países, en virtud que esta es la características esencial de la delincuencia organizada trasnacional, es decir, carece de fronteras o límites con rango de acción”, acotó.
Es importante destacar que el parlamentario venezolano, recordó que las Naciones Unidas a través de la Oficina Contra la Droga y el Delito (UNODC), en el año 2000, suscribió en la ciudad de Palermo – Italia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, la cual fue suscrita y ratificada por la República Bolivariana de Venezuela, y por lo tanto, es Ley Nacional, situación por la cual considera que la Fiscal General de la República, tiene suficiente documentación legal para hacer esta investigación.
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