Barcelona/ Mambí en A/ “El Estado venezolano está obligado a acatar el dictamen de la Organización de Naciones Unidas que ordena la liberación inmediata de Leopoldo López”. Así lo afirmaron este jueves los abogados defensores del líder político, Juan Carlos Gutiérrez y Bernardo Pulido, quienes explicaron que el máximo organismo internacional no solo ratificó la inocencia de López, sino que reivindicó la lucha por los derechos constitucionales del pueblo venezolano que el dirigente de Voluntad Popular adelantada.
Gutiérrez precisó que la instancia que emitió el dictamen, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fue validada por el Estado venezolano en su conjunto.
“Venezuela pertenece como miembro activo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde inclusive participó directamente en la elección de 3 de los 5 miembros que emitieron esta decisión; además, en el mes de mayo las ciudadanas Gabriela del Mar Ramírez, Defensora del Pueblo y Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, acudieron ante dicho Consejo en Ginebra a responder con pruebas y documentos oficiales por estas y otras acusaciones, con lo cual participaron como parte reconociendo la jurisdicción de la ONU en la materia. Mal podría entonces el Estado venezolano desconocer este dictamen que por acuerdos y tratados internacionales como la Convención de Viena es vinculante y de obligatorio cumplimiento”.
El penalista detalló que la investigación realizada por las Naciones Unidas, como máxima instancia mundial, es la mejor sentencia sobre la inocencia de López. “Hemos certificado con pruebas irrefutables en mano que el caso contra Leopoldo López es una detención arbitraria con violación a sus derechos de manera sistemática en una cárcel militar, es decir, que se trata de un montaje judicial. El gobierno venezolano tuvo la oportunidad de responder procesalmente pero en sus alegatos no logró justificar el proceso contra Leopoldo, por lo que la ONU decide que el gobierno venezolano disponga la inmediata libertad del Sr. Leopoldo López Mendoza y que públicamente se le pida disculpas en resarcimiento moral al agravio cometido. No quede duda que este pronunciamiento debe ser acatado inmediatamente por el gobierno”.
Bernardo Pulido, abogado que gestionó el procedimiento ante la ONU, explicó que el dictamen además ratifica la demostrada persecución política contra Leopoldo López.
“Este caso ante el Consejo de Derechos Humanos reconoce la persecución política de la que ha sido objeto el líder de Voluntad Popular desde hace más de 10 años. Contiene y evidencia las pruebas que están dentro del expediente en Venezuela que el Ministerio Público no ha querido acatar, precisa las violaciones abusivas dentro de la cárcel militar de Ramo Verde e incluye además todas las pruebas y experticias que los jueces en Venezuela políticamente decidieron desincorporar y refutar. El dictamen de la ONU expresa una idea muy clara: Los derechos políticos no pueden ser entendidos como delitos, no hay relación causal entre el discurso político de Leopoldo López y lo sucedido en el mes de febrero. Es lo que hemos insistido desde el primer día y es lo que la máxima instancia internacional hoy ratifica como elementos de la inocencia indudable de López. Si Venezuela no acata la decisión se verá confrontada por los demás países, porque le dirán que cómo va estar sentada en una organización y no acatar las resoluciones de la misma”.
Gutiérrez explicó que de acuerdo a la Constitución venezolana, el incumplimiento de este dictamen representa sanciones penales para los funcionarios directamente involucrados en el proceso.
“En su artículo 155 la Constitución contempla prisión de hasta 5 años para los funcionarios que desacaten este tipo de medidas. Esto afecta directamente a la juez 28 de juicio Susana Barreiros a quien le estamos solicitando la excarcelación inmediata de Leopoldo López amparados en la ratificación de su inocencia por parte de la ONU tras comprobarse por la máxima instancia la violación de su legítimo derecho a la protesta, a la manifestación pacífica, a la libertad de expresión y pensamiento. Pero esta decisión también es un llamado de conciencia a los funcionarios del Ministerio Público que actúan como acusadores en el proceso”.
Pulido destacó que este nuevo decreto le suma al coordinador nacional de Voluntad Popular dos sentencias favorables emanadas por instancias internacionales, entre ellas la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2011 que restituyó sus derechos políticos. Enfatizó que la ONU hace seguimiento exhaustivo del cumplimiento del dictamen, situación que inclusive es discutida en la Asamblea General del organismo.
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