Foto: Estudiante venezolano asesinado por la dictadura de Nicolás Maduro durante protesta.
Barcelona/ Mambí en A/ Tras la resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que insta al Estado venezolano a liberar de inmediato al exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, el alcalde del municipio El Hatillo y dirigente nacional de Voluntad Popular, David Smolansky, afirmó que el gobierno está en la obligación de dar cumplimiento a esta medida, por ser firmante del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
“Que Naciones Unidas, la organización internacional más importante, en menos de una semana haya emitido dos resoluciones exigiendo la liberación inmediata de Daniel Ceballos y previamente la de Leopoldo López, sin duda alguna para nosotros en Voluntad Popular es una decisión trascendental, ratifica nuestro espíritu de lucha y que ese derecho a la protesta que tiene cualquier venezolano y que está en nuestra Constitución, no es ningún delito. Que contradicción tiene hoy Nicolás Maduro, que estuvo 6 años como Canciller, de querer aspirar estar en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando su país ha quedado al descubierto ante el mundo que aquí hay una violación flagrante de los Derechos Humanos y que Daniel Ceballos, Leopoldo López, Enzo Scarano, Salvatore Lucchese y los estudiantes, son presos de Nicolás Maduro, son presos por sus discursos y porque han manifestado unas ideas, un proyecto, una visión distinta a la que se impulsa desde el Palacio de Miraflores”.
Smolansky asegura que el dictamen es una luz de esperanza para todos los presos políticos, perseguidos y torturados por el régimen, y ratifica que la propuesta de #LaSalida no estuvo nunca fuera del marco de Leyes. “Nos quieren hacer sentir que organizar una protesta o una asamblea de ciudadanos es un acto delictivo, que es un crimen. Al contrario, la protesta pacífica y no violenta está consagrada en las leyes y en la Constitución. Esto es una luz para los cientos de presos políticos, que incluso están en cárceles comunes, estudiantes que deberían estar libres estudiando en sus universidades y ejerciendo su derecho a la protesta. Otra gran contradicción que tiene Nicolás Maduro y sus ministros es que quienes apoyan a Daniel Ceballos y a Leopoldo López son premios nobel de la Paz como Oscar Arias y el presidente Barak Obama, pero además, José Miguel Insulza y el presidente Ollanta Humala han respaldado las causas de López y Ceballos. En cambio, el gobierno de Maduro cuenta con Estados que son hoy cuestionados por la violación de los Derechos Humanos como Cuba y Siria. Que Naciones Unidas en menos de una semana haya exigido al Estado venezolano la liberación inmediata de Ceballos y López, es un precedente muy importante y una luz de esperanza para todos aquellos que continúan perseguidos. Esto quiere decir que los que creemos en la democracia y los Derechos Humanos vamos ganando en la Comunidad Internacional, y que Nicolás Maduro no ha podido ocultar los abusos que se han venido cometiendo en los últimos meses en Venezuela”.
En ese sentido, Bernardo Pulido, abogado defensor de ambos dirigentes políticos, quien canalizó los procedimientos en la ONU, indicó que el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Ramírez, ofreció una posición adelantada al referirse a la medida de la ONU, que es de obligatorio cumplimiento. “El Ministro rechazó la medida y dijo que la Cancillería está considerando qué tipo de respuesta le daría a las Naciones Unidas. Venezuela está obligada a cumplir esta recomendación porque viene derivada del ejercicio de derechos contemplado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el cual está vigente en este momento en Venezuela por la ratificación del mismo y por el artículo 23 de la Constitución. Adicionalmente, el pacto tiene una cláusula de obligatoriedad del cumplimiento de sus decisiones. Las Naciones Unidas no está haciendo una intromisión, está diciendo que se ha seguido un proceso que no ha cumplido con los estándares a los cuales el país debería estar comprometido y se tienen que cumplir esos estándares. Seguiremos exigiendo el cumplimento de estas normativas. Naciones Unidas tiene un procedimiento en caso de que el Estado venezolano no cumpla con esta recomendación”.
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