Federación Rusa: Ley para criminalizar la cooperación con organizaciones extranjeras, una nueva amenaza para el trabajo en el ámbito de los derechos humanos
Barcelona/ Mambí en A/ La Duma Estatal debe retirar la Ley sobre "organizaciones extranjeras indeseables" que se debatirá el 20 de enero, afirma hoy el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos. En caso de que fuera aprobada, esta ley complementará el restrictivo arsenal legal existente utilizado para silenciar toda forma de crítica contra el régimen, en abierta contradicción con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Rusia, y permitirá a las autoridades prohibir actividades legítimas relacionadas con los derechos humanos a pesar de que estén protegidas por el derecho internacional.
En enero de 2014, el Comité sobre Legislación Constitucional de la Duma Estatal recomendó que la cámara baja aprobase una ley para prohibir las "organizaciones extranjeras indeseables" en Rusia, así como, la cooperación con las mismas. La ley, inicialmente presentada por dos miembros del parlamento, permitiría a la Fiscalía General, previa consulta con el Ministerio de Asuntos Exteriores y a partir de información proporcionada por las agencias de interior y de seguridad, prohibir las organizaciones extranjeras e internacionales que "amenacen la defensa o la seguridad del Estado" o la "salud y el orden público".
“Las autoridades han criminalizado a innumerables ONG de derechos humanos, así como a defensores y defensoras de estos derechos, por amenazar supuestamente la seguridad o el orden público. Tememos que estos imprecisos términos se utilicen de nuevo para criminalizar las actividades legítimas de defensa de los derechos humanos que llevan a cabo las ONG en Rusia”, afirma Gerald Staberock, secretario general del OMCT. "No existen precedentes de una ley que criminalice de forma efectiva los contactos entre personas o las colaboraciones institucionales entre agentes que actúan en el ámbito de los derechos humanos".
Las organizaciones rusas se han convertido a lo largo de las últimas décadas en una parte vital y activa de un movimiento global, a través de su participación en las reuniones internacionales y de compartir su conocimiento, experiencia y consejo con los demás miembros de las redes mundiales y federaciones de derechos humanos. Esta ley puede aislar a los y las activistas rusos y cortar los vínculos de apoyo y solidaridad internacional.
Según esta ley, el hecho de que una organización extranjera o internacional sea calificada de indeseable, conllevará el cierre de sus sedes en Rusia así como la prohibición de distribuir información sobre ella, incluso en línea.
Además, las personas implicadas en el funcionamiento en Rusia de una organización extranjera o internacional indeseable pueden ser sancionadas a pagar entre 10.000 y 100.000 rublos (185-1.850 euros). Asimismo, el personal de una organización extranjera o internacional indeseable puede recibir acusaciones penales y multas de entre 300.000 y 500.000 rublos (5,560 – 9,260 Euros) o una pena de hasta ocho años de prisión. En caso de aprobarse, esta medida repercutiría negativamente en el trabajo de los miembros de las ONG internacionales en Rusia e impediría la entrada en Rusia de los defensores y defensoras de los derechos humanos con sede en el extranjero, si su organización es declarada "no deseada".
El Observatorio recuerda que, en caso de aprobarse, esta ley vendría a sumarse a la ya extremamente restrictiva legislación sobre organizaciones de la sociedad civil, y reduciría aún más el espacio de la libertad de asociación en el país. En 2012, la Duma Estatal aprobó una ley que exige a las ONG que se inscriban como "agentes extranjeros" si llevan a cabo "actividades políticas" y reciben financiación extranjera. El uso de la expresión “agente extranjero" solo puede interpretarse como "espía" o "traidor", por lo que esta etiqueta tiene por objeto desacreditar la labor de las ONG y obstaculizar su entorno de trabajo.
“Tras la aprobación de la ley de 2012 sobre ONG, que llevó a la inscripción de más de treinta importantes ONG rusas como agentes extranjeros y al cierre de otras cuatro, incluyendo la organización miembro de la FIDH ADC Memorial, parece estar claro que la intención de esta nueva ley es utilizarla para prohibir la presencia de ONG de derechos humanos en Rusia. De forma lenta pero segura, Putin está acabando con todas las organizaciones de derechos humanos de la Federación Rusa”, afirma Karim Lahidji, presidente de la FIDH.
El Observatorio, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), se opone por tanto, con toda la firmeza posible, a la aprobación de esta ley e insta a la Duma Estatal a retirarla.
París-Ginebra, 19 de enero de 2014
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