Asesinan a indígenas en #Colombia

Barcelona/ Mambí en A/ Amnistía Internacional solicita ACCIÓN URGENTE por los homicidios y amenazas contra la población indígena en Colombia.

Cuatro indígenas han sido asesinados, y varios más han sido víctimas de desaparición forzada y amenazas de muerte, en el norte del departamento del Cauca, suroeste de Colombia.

El 6 de febrero, Gerardo Velasco Escué y Emiliano Silva Oteca, trabajadores de la caña de azúcar del Resguardo Indígena de Tóez, concluyeron su jornada laboral en el municipio de Caloto, departamento del Cauca, y se dirigieron de vuelta a su comunidad. No llegaron a su casa. Un testigo vio cómo cinco hombres armados no identificados les daban el alto a unos 200 metros de un puesto de control del ejército cerca de la vereda de La Selva, municipio de Caloto, y se los llevaban. El 8 de febrero, la comunidad encontró sus cadáveres con señales de tortura, en el municipio vecino de Guachené, departamento del Cauca. El 5 de febrero se había distribuido en los municipios de Caloto, Guachené y Santander de Quilichao una amenaza de muerte del grupo paramilitar Águilas Negras que anunciaba que había llegado "la hora de la limpieza social en el norte del Cauca". Alfredo Campo Lectamo, gobernador del Resguardo de Tóez, y otros líderes indígenas, han recibido más amenazas tras denunciar los homicidios.

El 13 de febrero se encontraron los cadáveres de Arturo Andrés Galindo Bastos y Carlos Albeiro Mera Pino, indígenas nasas, en el Resguardo de Cerro Tijeras, municipio de Suárez, departamento del Cauca. Arturo Andrés Galindo Bastos se encontraba en paradero desconocido desde el 30 de enero. Junto a sus cadáveres había un cartel que decía: "Por [ser] sapos".

Desde el 14 de diciembre de 2014, los indígenas del norte del Cauca han estado ocupando tierras para reclamar una reparación integral que incluya el acceso a la tierra como resarcimiento por varios homicidios colectivos, entre ellos la masacre de El Nilo, perpetrada en 1991.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, EN ESPAÑOL O EN SU PROPIO IDIOMA:

­_expresando preocupación por la seguridad de Alfredo Campo Lectamo y otros líderes indígenas del norte del departamento del Cauca, e instando a las autoridades a garantizar dicha seguridad, de estricta conformidad con los deseos de los afectados;

­_pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre la desaparición forzada y el homicidio de Gerardo Velasco Escué y Emiliano Silva Oteca, así como sobre los homicidios de Arturo Andrés Galindo Bastos y Carlos Albeiro Mera Pino, y sobre las amenazas de muerte realizadas contra indígenas en el norte del departamento del Cauca; pidiéndoles que se hagan públicos los resultados de esas investigaciones y que los responsables de esos actos comparezcan ante la justicia;

­_instándolas a emprender acciones inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con los compromisos expresos del gobierno y con las recomendaciones formuladas por la ONU y otras organizaciones intergubernamentales.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 6 de abril de 2015 A:

Presidente

Juan Manuel Santos

Presidente de la República

Casa de Nariño

Calle 7. No 6-54.

Bogotá, Colombia

Fax: +57 1 596 0631

Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Santos

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Aurelio Iragorri Valencia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Avenida Jiménez No 7-1765, Piso 3

Correo-e: despachoministro@minagricultura.gov.co

Bogotá, Colombia

Tratamiento Estimado Sr. Ministro

Y COPIA A

ONG

ACIN

Carrera 7 No 6-22

Barrio Los Samanes

Piso 3, Oficina Tejido Defensa de la Vida

Santander de Quilichao

Cauca, Colombia

Envíen también copias a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:

Excm. Sr. Fernando CARRILLO FLOREZ

Embajador Extraordinario y

Plenipotenciario

C/ General Martínez Campos, 48 28010 - MADRID

Teléfono: 91 700 47 70 Fax: 91 310 28 69

E-mail: emadrid@cancilleria.gov.co

www.embajadaenespana.gov.co

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Durante los últimos 50 años el conflicto armado interno de Colombia ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y los paramilitares contra una serie de grupos guerrilleros. Pese al proceso de paz en curso, todas las partes enfrentadas siguen cometiendo delitos graves de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos. Las comunidades indígenas se encuentran entre los sectores más afectados por el conflicto armado. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), 10 indígenas fueron víctimas de homicidio por motivos relacionados con el conflicto y al menos 2.819 se vieron obligados a desplazarse durante los primeros nueve meses de 2014. Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), más de 600 indígenas han sido víctimas de homicidio en esa región desde 1999.

El 16 de diciembre de 1991, 20 indígenas nasas del Resguardo Indígena de Huellas, entre los que había menores de edad, murieron en una operación conjunta de la policía y los paramilitares en la finca El Nilo, en el municipio de Caloto. La masacre de El Nilo se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 1992. Tras un acuerdo alcanzado entre el gobierno colombiano y la CIDH, se creó un comité encargado de investigar la masacre, que en 1996 recomendó que el gobierno colombiano garantizara que los responsables comparecían ante la justicia y las víctimas recibían reparación. En agosto de 2014, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó que se reabriera la investigación en torno a un general y un mayor vinculados a la masacre, archivada por un tribunal militar en julio de 1999. A principios de febrero de 2015, el general y el mayor se entregaron a las autoridades policiales. El cabildo de Huellas (máxima autoridad política dentro del territorio del resguardo) emitió el 5 de febrero una declaración pública en la que reclamaba justicia y una reparación integral.

Los tóez viven en el municipio de Caloto, donde se reasentaron cuando un alud de lodo en su territorio los obligó a abandonar el valle del río Páez, en el municipio de Páez, en 1994. Su cabildo forma parte de la ACIN.