Foto: Periodista mexicana asesinada, Anabel Flores Salazar.
Barcelona/ Mambí en A/ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) respaldó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sobre violencia contra periodistas y medios mexicanos, así como sus críticas respecto a las fallas del mecanismo de protección.
En el capítulo sobre los ataques contra periodistas y la libertad de expresión, la CIDH señaló que "en los últimos años la situación de violencia contra periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios en México ha venido en aumento sobre todo en algunas entidades federativas". Los presidentes de las comisiones de la SIP Contra la Impunidad y de Libertad de Prensa e Información, Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente y director general de El Universal de México, y Claudio Paolillo, director del semanario Búsqueda de Uruguay, respectivamente, avalaron el resultado del informe, las conclusiones y recomendaciones que la CIDH hace al Estado de México para superar "el clima de violencia e impunidad, temas prioritarios que la institución viene trabajando desde hace más de dos décadas".
Según el informe, se habrían registrado 107 asesinatos de periodistas en el país en los últimos 15 años. Los estados con mayor número de crímenes fueron Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca.
Las víctimas de la violencia fueron principalmente periodistas que denunciaron o informaron "sobre corrupción administrativa en el ámbito local, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados".
El documento también registró otras formas de agresión tales como desapariciones (20 según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la última década), amenazas, secuestros, agresiones y ataques físicos y cibernéticos contra instalaciones de medios.
La CIDH reconoce que el Estado adoptó reformas constitucionales y legislativas, así como medidas para garantizar la seguridad de los periodistas y defensores de derechos humanos. "El gran desafío del Estado mexicano radica en romper el ciclo de impunidad imperante con los mecanismos que ha creado en los últimos años a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos, y lograr que los avances normativos generen cambios reales en la vida cotidiana de las personas en México", concluyó el informe.
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