Por Roberto de Jesús Guerra Pérez - Hablemos Press
Barcelona/ Mambí en A/ El Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el diario Granma, publicó el 1 de agosto de 2016 en su última página un artículo del periodista oficialista Iroel Sánchez, titulado: Estado, pueblo y medios de comunicación: ¿nos entregamos?, en el que critica a los medios de prensa alternativos o prensa privada (independiente) que han surgido en Cuba, así como a medios de EE.UU. y Europa. En el mismo, señala que “los periódicos y los medios masivos de divulgación pertenecen al pueblo”, sin embargo, todos los medios masivos en Cuba están en poder del Estado desde el 1959.
El periodista oficial expone lo dicho por cables de Wikileaks y la agencia Associated Press en 2009 sobre la disidencia cubana. Expresa que el Departamento de Estado de los Estados Unidos subvenciona programas millonarios en Cuba que van desde 500 000 a dos millones de dólares estadounidenses.
En primer lugar, el oficialista habla de transparencia, subvenciones, derecho a la información, contrarrevolucionarios, socialismo, democracia, Revolución de los humildes, pero en el mismo orden de ideas no refleja la realidad del cubano de a pié.
De modo que no habla sobre la controversia del Estado-Partido sobre la situación económica, política y social del país; de la actual represión gubernamental contra activistas, medios privados (independientes) y trabajadores del sector privado (cuentapropistas).
En tal sentido, tampoco señala que su gobierno tiene presos políticos, entre ellos a su colega, el corresponsal de Granma, José Antonio Torres, condenado en 2011 a 14 años de prisión, luego de que se publicara una nota en el Granma en la que hace “críticas duras” a las autoridades militares sobre la mala gestión de un proyecto de acueductos y alcantarillados.
Asimismo, no refleja por qué el régimen no permite la entrada al país de organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Freedom House, Comité Internacional de la Cruz Roja, la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras, Comité de Protección a los Periodistas, Organización Internacional del Trabajo, relatores de la CIDH sobre Libertad de Expresión y Prensa o contra la Tortura. Mientras, permite diálogos de Paz en la Isla con terroristas de FARC-EP.
Tampoco se expresa en referencia a las limitaciones a la Libertad de Movimiento de los médicos cubanos, quienes en 2014 ingresaron 8 mil 200 millones de dólares por la exportación de servicios de salud a Venezuela. En efecto, no describe en qué se han gastado los más de 2294.00 millones ingresados en el 2011 y los 3300. 00 millones en el 2015 que entraron por concepto de remesas familiares, y los más de 1700 millones por concepto de turismo cada año, además por concepto de las ventas de carbón vegetal, minería y otros.
Los ciudadanos nos preguntamos, ¿qué hace el régimen con este dinero, ya que el país sigue sumido en la pobreza tras 57 años de revolución? ¿Dónde está la transparencia de la que habla Sánchez?
Incluso, no expresa que en Cuba las condiciones para el desarrollo de la sociedad civil democrática continúan siendo prohibitivas y represivas. Que los mecanismos de control social se aplican de manera permanente en ciudadanos que viajan a la capital desde el interior del país. Que activistas, opositores, defensores de derechos humanos, grupos de músicos, de artistas, religiosos, de LGBTI y periodistas independientes, sufren discriminación, violencia, represión por las autoridades y por el propio Estado, que no les da empleo y los somete a torturas físicas y sicológicas junto a sus familiares. Que Cuba es uno de los países de la región con la tasa más alta de hacinamiento, a pesar de las más de 250 cárceles que construyó desde 1959. En realidad, no habla de la emigración, de los más de 40 mil cubanos que han abandonado la Isla -en el último año- debido a los bajos salarios y a las malas condiciones de vida.
En la misma forma, el acceso a Internet –en términos de información– está censurado. De hecho, a pocos cubanos se les permite tener Internet en sus viviendas. Este servicio es solo para extranjeros y algunos nacionales. Definitivamente muchos sitios que informan sobre la realidad cubana siguen bloqueados por las autoridades. Por consiguiente, en Cuba no hay libertad de prensa porque el Estado monopoliza los medios de comunicación masiva.
Por otro lado, los ciudadanos no tienen derecho a realizar protestas sindicales. Sigue prohibido repartir la Carta Universal de los Derechos Humanos y otros folletos de la ONU, o las Reglas mínimas para el tratamiento a los reclusos.
El periodista oficial señala que: “En el mundo entero la prensa privada (independiente) es unánime a la hora de juzgar a Cuba y señalarnos el camino que debemos tomar, es unánime cuando se enfrenta como un solo partido político a los procesos progresistas en América Latina, y es unánime en coincidir con las estrategias de Estados Unidos en la región pero –vaya paradoja- se nos dice que tenemos que tener prensa privada (independiente) para ser plurales. Y si preguntas dónde la prensa privada (o peor, la gubernamental que se concentra exclusivamente en nosotros desde medios públicos de EE.UU. y Europa) defiende a los de abajo, dónde da voz a los sindicalistas y los desempleados, entonces eres extremista. Resulta que el extremo estaría no en la minoría que controla todo eso o en quién le sirve pidiendo “una purga calcinante” de los últimos 60 años de nuestra historia en el mejor estilo de los “tres días para matar”, sino en quién los denuncia”.
El abuso de poder en Cuba, está instaurado en todas las esferas estatales. El Ministerio de Justicia, por orden del Departamento de la Seguridad del Estado (policía política), ha obstaculizado la legalización de HABLEMOS PRESS, Asociación Pro Libertad de Prensa, Cubalex, Asociación Jurídica Cubana, entre otras agencias y organizaciones pro democráticas. Ha expulsado a médicos y científicos por criticar el sistema de salud o las condiciones laborales. Al mismo tiempo a estudiantes universitarios. Los invisibiliza, coacciona, persigue y reprime.
Ninguna institución del Estado defiende a los ciudadanos, pero sí subvenciona guerrillas, campañas y partidos de izquierda en la región, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Brasil.
Solo los debates públicos tienen cobertura en la prensa nacional, cuando se convocan reuniones de la Asamblea Nacional o del Partido Comunista.
De hecho, aquí la apertura económica y política es anticubana. El régimen aprueba leyes, las cuales después refrena en toda su manifestación. Obstaculiza la empresa privada para los cubanos, así como la inversión de cubanos exiliados. Pero permite la inversión extranjera, así como los diálogos de paz con terroristas.
En otro de sus párrafos, el periodista oficial subraya: “En nuestro concepto, los periódicos y los medios masivos de divulgación pertenecen al pueblo. Y debe existir la más amplia libertad para que el pueblo utilice esos medios a favor de los intereses de la causa, en la crítica dura contra todo lo que esté mal hecho. Creo que mientras más críticas exista dentro del socialismo, eso es lo mejor…”
En la actualidad, en Cuba, quien hace una crítica dura o blanda contra cualquier órgano oficial o autoridad, es amenazado o reprimido. De hecho, le recuerdo el caso de la activista Aidé Gallardo y su esposo Ángel Figueredo, quienes gritaron en una esquina de La Habana: ¡Queremos leche para nuestros nietos! y pasaron 7 meses en la cárcel. Y qué decir de los casos más recientes, como el del grafitero Fabián, el del destacado director de cine y teatro Juan Carlos Cremata, el bailarín Carlos Acosta Hernández, el licenciado en bioquímica Oscar Antonio Casanella Saint-Blancard y el Doctor en Ciencias Biológicas Ariel Ruiz Urquiola. Todos censurados por sus críticas.
El periodista José Ramírez Pantoja fue expulsado de Radio Holguín tras publicar en su blog una transcripción de las palabras de Karina Marrón, subdirectora del periódico oficialista Granma, quien, entre otros temas polémicos, advirtió sobre protestas en Cuba si vuelven los apagones, según el sitio digital CubaNet.
La expulsión de Pantoja se produce a pocos días de que jóvenes periodistas de medios oficiales de Santa Clara presentaran en una reunión de la UPEC, celebrada en esa ciudad, un documento en el cual denuncian la censura, los bajos salarios y la persecución política en el gremio.
En este año, más de 40 reporteros independientes han sido arrestados por el Departamento de la Seguridad del Estado cubana por reportar hechos que la prensa oficial no da a conocer. Hasta julio de 2016 se habían documentado 7418 detenciones arbitrarias, según ha registrado la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y este medio.
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