Barcelona/ Mambí en A/ Un exministro fue atrapado en un convento con cerca de 9 millones de dólares en efectivo y relojes de lujo metidos en bolsas de lona. Otros dos han sido procesados por corrupción, al igual que un exvicepresidente. Además, está Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, cuyos negocios inmobiliarios y hoteleros están bajo la mira por presunta participación en actos de corrupción.
Los escándalos de corrupción no son novedad entre los políticos argentinos. Sin embargo, el olor a descomposición que rodea a los exfuncionarios del gobierno de la presidenta Kirchner, que no logró la reelección el año pasado, ha enfurecido a la nación hasta extremos que no se habían visto en décadas, desde la serie de acusaciones contra el gobierno del expresidente Carlos Saúl Menem.
Los escándalos también empañan los logros del partido político de Kirchner, que llegó al poder en 2003 como parte de la ola progresista que experimentó toda América Latina. Las acusaciones contra Kirchner y los cuatro exfuncionarios de su partido, el Frente para la Victoria, no se han probado todavía, aunque uno de los exministros acusado por delitos de corrupción, Ricardo Jaime, exsecretario de transporte, fue condenado individualmente el año pasado por aceptar sobornos.
Mientras fiscales y jueces siguen adelante con los casos, muchos argentinos se preguntan si la clase gobernante puede superar la cultura de corrupción que ha paralizado el progreso del país. “Ya perdí la esperanza”, dice Yolanda Galván, una cajera de farmacia de 50 años, al hablar de la historia de escándalos de corrupción en el país. “Todos acaban siendo lo mismo”.
Galván señaló la inquietud popular que existe respecto del presidente Mauricio Macri, cuyas empresas en paraísos fiscales —que datan de años antes de que iniciara su presidencia en diciembre—, comenzaron a ser investigadas desde que aparecieron en la filtración de documentos conocida como los papeles de Panamá. Macri dice que no tiene nada que ocultar.
Las preocupaciones éticas pesan también sobre el ministro de energía de Macri, Juan José Aranguren, que tiene más de un millón de acciones en Royal Dutch Shell, la compañía petrolera en la que trabajaba anteriormente como ejecutivo. El gobierno dice que ser propietario de las acciones no es ilegal.
No obstante, son los casos que implican a los altos mandos del gobierno de Cristina de Kirchner los que han dado lugar a críticas feroces por los escasos avances de Argentina en la lucha contra la corrupción. Los expertos opinan que un marco institucional frágil promueve la corrupción política y un poder judicial politizado permite que aquellos que dejan el poder estén libres de culpa.
“La forma en la que el poder político y el poder económico se generan en Argentina engendra oportunidades desmedidas de corrupción”, explica Natalia Volosin, investigadora jurídica que ha escrito extensamente sobre la corrupción y la transparencia en el país. “El sector privado depende en gran medida del gobierno para la concesión de contratos y los políticos necesitan financiamiento privado para comprar poder”.
Anteriormente, los seguidores de los exfuncionarios del Frente para la Victoria tomaban los escándalos de corrupción como campañas de desprestigio diseñadas por los medios y sectores del poder judicial opositores a Kirchner. Pero más recientemente, en particular con el arresto de un exfuncionario en un convento, parece haber poco lugar para ese tipo de justificaciones.
Foto: José López, exministro de Cristina Fernández detenido por corrupción en Argentina.
En la madrugada del 14 de junio, la policía descubrió a José López, exministro de obras públicas, con sacos de lona llenos de dinero en efectivo, relojes Rolex y Omega, y una ametralladora semiautomática en un convento en las afueras de Buenos Aires. El funcionario ha sido acusado formalmente por delitos de enriquecimiento ilícito y se encuentra detenido mientras un juez investiga el caso.
El juez sigue tratando de establecer los hechos de la causa, incluida la participación de un grupo de monjas, una de las cuales fue grabada ayudando a López con las bolsas. La monja, Celia Inés Aparicio, declaró ante el juez que ella pensó que contenían alimentos.
Los argentinos de todo el espectro político no tardaron en condenar a López, quien fue secretario de obras públicas durante los tres periodos de cuatro años en que el Frente para la Victoria tuvo la presidencia.
“Palabras como repudiar, rechazar o condenar no alcanzan”, escribió Kirchner en una publicación de Facebook, en un intento por distanciarse del escándalo. Un puñado de legisladores se apresuraron en abandonar el Frente para la Victoria, lo que hizo que algunos comentaristas presagiaran que el arresto de López marcaría el fin de esa fuerza política.
“Creo que ese fue el final del kirchnerismo como opción electoral”, declaró Andrés Malamud, un experto en ciencias políticas argentino de la Universidad de Lisboa.
Ocho meses después de dejar el cargo, Kirchner ha conservado cierta influencia política. Todavía inspira lealtad entre algunos argentinos que la apoyaron por desafiar a grupos de poder, así como por sus muestras de solidaridad con los pobres.
Sin embargo, muchos de esos seguidores han comenzado a dudar de ella. “Siempre se defendieron, pero ahora nos hemos dado cuenta de que nos estaban jodiendo”, dice Jonathan Ramis, estudiante de administración de empresas de 20 años que votó por el Frente para la Victoria en las elecciones del año pasado.
Foto: Parte del dinero que intentaba esconder en un convento el exministro de Cristina Fernández, José López.
El arresto de López puede analizarse en el contexto de las acusaciones de corrupción relacionadas con fondos públicos destinados a mejorar la infraestructura, como carreteras y hospitales, expresaron los jueces en un fallo del 30 de junio.
Estas acusaciones se derivan de varios casos en curso en los que se han visto envueltos los argentinos los últimos años. Uno de ellos es una investigación por lavado de dinero que involucra a Lázaro Báez, barón de la construcción de la Patagonia, quien ha sido procesado y se encuentra en prisión mientras la causa judicial avanza.
Guillermo Marijuan, el fiscal del caso, cree que Báez, un exempleado bancario cuya constructora principal se estableció poco después de que llegara al poder el Frente para la Victoria, sobrefacturó contratos de obras públicas que se le otorgaron con regularidad en las dos administraciones de los Kirchner, y después desvió los fondos. Báez fue interrogado en relación con las pruebas del caso y declaró que hay un complot en su contra, de acuerdo con los informes.
Otro caso abierto investiga las negociaciones entre exfuncionarios de planificación como López y las constructoras de Báez.
Los investigadores también han acusado a Báez de desviar fondos de los contratos de obras públicas a los Kirchner a través de mecanismos que involucran las empresas hoteleras e inmobiliarias de la familia. Los fiscales están investigando si las empresas de Báez pagaron por reservas en los hoteles sin que se ocuparan las habitaciones. De igual manera, se presume que Báez desviaba dinero a los Kirchner a través de contratos de arrendamiento para alquilar las propiedades familiares de los Kirchner en la Patagonia.
Gerardo Pollicita, el fiscal principal en el caso de los hoteles, rechazó varias solicitudes de entrevista. No obstante, en una presentación reciente escribió que la investigación buscaba determinar si los Kirchner habían participado en una asociación delictiva que incluía a “compinches” como Báez, quien a cambio de favores comerciales del gobierno canalizó fondos a la familia presidencial.
Cristina de Kirchner ha negado todas las acusaciones y dice que son ataques de un poder judicial al que manipulan sus enemigos con el fin de manchar su legado y desviar la atención de las reformas económicas neoliberales propuestas por Macri, las cuales han sido objeto de protestas recientes. Sus reformas han erosionado los salarios y aumentado la pobreza, de acuerdo con un informe de este año de la Pontificia Universidad Católica de Argentina.
La expresidenta ha dirigido su desdén hacia Claudio Bonadío, el juez a cargo de la investigación sobre presuntos sobornos a la inmobiliaria familiar. El año pasado este juez fue retirado del caso de los hoteles por preocupaciones sobre su imparcialidad.
En una entrevista en su despacho en Comodoro Py, un deteriorado juzgado bonaerense, el juez Bonadio negó que existiera un grupo de jueces y fiscales conspirando contra la expresidenta Kirchner. Dijo que se limitaban a trabajar en los casos que llegaban a sus manos. El juez Bonadio aseguró que los jueces tratan el derecho penal como golfistas en un torneo, pensando solo en el expediente del caso —o en el hoyo— que está frente a ellos.
“No somos un equipo de fútbol o de rugby, donde la jugada es una construcción colectiva. Somos más bien como jugadores de golf, jugamos contra la cancha, jugamos con el expediente”, dijo el juez.
Sin embargo, varios expertos sostienen que el poder judicial de Argentina no es independiente. Luis Moreno Ocampo, un representante de la lucha contra la corrupción en Argentina (fue fiscal principal de la Corte Penal Internacional), manifestó que los jueces federales tienden a operar a favor de los políticos en el poder y solo los persiguen con seriedad una vez que dejan sus cargos.
El origen de esta politización a menudo se remonta al expresidente Carlos Menem, cuyo ministro de energía aseguró una vez que otro ministro le había dado una servilleta en la que estaban garabateados los nombres de los jueces que Menem controlaba. “El mayor problema radica en sacar al sistema jurídico de Argentina de este pantano”, dijo Moreno Ocampo. Sin embargo, agregó, “no deberían centrarse sólo en la corrupción del pasado sino en prevenir la corrupción en el futuro”.
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