Barcelona/ Mambí en A/ Los periodistas agredidos no saben qué hacer legalmente para defenderse, o como están seguros de que no lograrán nada, ni siquiera lo intentan.
La libertad de prensa enfrenta los mismos retos y restricciones de siempre
Aunque existe un aparato legal abrumador para amordazar e impedir el desarrollo de la prensa independiente, el Estado, que es el único enemigo de esta, apuesta por una represión preventiva de escasa visibilidad, para evitar que se genere respeto y solidaridad pública y mediática por los profesionales de los medios. Para eso, escoge usar leyes de control económico en vez de leyes de control político, mantiene altos los precios de todos los recursos del periodismo –Internet, papel, telefonía celular, equipos digitales- y emplea al aparato de Seguridad en el hostigamiento de los profesionales de los medios, la sustracción de sus recursos de trabajo y los arrestos breves para impedirles realizar su labor.
El control absoluto del aparato judicial por parte del ministerio del Interior y el cuidado que se toma la Seguridad del Estado en dejar la menor cantidad posible de huellas de su trabajo contra la prensa, solidifica el ambiente de impunidad ante las agresiones que sufren los periodistas. Por ello, muchas veces los periodistas agredidos no saben qué hacer legalmente para defenderse, o como están seguros de que no lograrán nada, ni siquiera intentan su defensa legal.
Los hechos más graves en este período fueron: Cárcel para el periodista y activista camagüeyano Fernando Vázquez Guerra por un delito económico diseñado para él. Cárcel para el doctor y miembro del MCL Eduardo Cardet y el grafitero El Sexto (este ya liberado) por expresarse en público sobre la muerte de Fidel Castro. Amenaza de cárcel por otro delito económico prediseñado contra Karina Gálvez, del consejo de redacción de la revista Convivencia, cuya sede está amenazada de decomiso. Cadenas interminables de citaciones policiales o laborales, siempre promovidas por la Seguridad del Estado, para interrogatorios y amenazas contra la mayoría de los miembros del staff y colaboradores de las revistas Convivencia y La Hora de Cuba. Acusación penal por "propaganda enemiga" al vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información para Cuba, y amenazado con "15 o 20 años de prisión" si no deja de publicar y una acusación por "usurpación de capacidad legal" que le prohíbe salir del país.
Además de la paupérrima economía, el país sigue gobernado por un grupo de personas relacionadas familiarmente con el jefe de Estado Raúl Castro Ruz.
Durante este período, se registraron dos sucesos importantes: la muerte de Fidel Castro Ruz –anunciada el 25 de noviembre- y la eliminación de la política norteamericana de Pies secos-pies mojados, por parte de Barack Obama el 12 de enero.
Las leyes cubanas contienen numerosos frenos a la libertad de prensa e información. Pero el Código Penal, que data de 1987 –con ligeras modificaciones posteriores- es el más agresivo en este sentido. Contiene 10 artículos que amenazan el trabajo de la prensa. El Art. 103 sobre "Propaganda Enemiga", es la amenaza más fuerte. El resto de los artículos afecta todo el espectro laboral de un medio de prensa normal: es penalizada la pertenencia formal a un equipo de trabajo, la búsqueda de información, la identificación como periodista en caso de no poseer título y la publicación, impresión, distribución y comercialización del material periodístico. Además, el Código blinda de críticas a todas las autoridades y al aparato estatal. Aunque estos artículos fueron muy poco aplicados en los últimos años, su sola existencia es una amenaza latente.
El freno legal primario, sin embargo, reside en el Art. 53 de la Constitución, el que reconoce la libertad de palabra y prensa siempre y cuando se use "conforme a los fines de la revolución socialista", mientras que prohíbe la propiedad privada de los medios de difusión.
Otras leyes que amenazan el ejercicio del periodismo independiente son las Asociaciones, la de Inversión Extranjera y la del Secreto Estatal.
Los ministerios de Educación y Educación Superior aplican en todos los centros de enseñanza reglamentos que clasifican como falta muy grave mantener actitudes de carácter contrarias a las normas de la "revolución". En ambos casos, las sanciones son las más duras que contempla el reglamento, llegando a la de expulsión de la enseñanza superior.
Grave es el caso de los estudiantes de Periodismo, a los que se les exige ser militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). A estos estudiantes y profesores el Gobierno los incentiva a realizar operaciones de ciberacoso contra cuentas de Facebook de periodistas independientes.
Sobre acceso a la información, el Código Penal y otras disposiciones restringen la obtención y publicación de información. Quienes trabajan en instituciones tienen claro que brindar información a un periodista independiente los pone en riesgo severo de desempleo e investigación policial. El secretismo es política de Estado, de manera que solo es posible hallar datos ya publicados por el propio Estado.
Internet y el acceso a memorias flash y reproductores de contenidos digitales han cambiado sustancialmente los hábitos de consumo de los cubanos. Gran número de hogares consume materiales provenientes de "El Paquete", una memoria con productos digitales mayormente en video, organizado y comercializado por redes privadas en el país. Las autoridades hacen la vista gorda, pero presionan para que no se incluyan materiales críticos al gobierno.
La telefonía celular sigue siendo un servicio muy caro y es comúnmente espiada por las autoridades, lo cual la convierte a veces en un peligro más que un beneficio para el trabajo del periodista.
El internet sigue siendo prerrogativa del monopolio estatal, ETECSA, y ahora cubre más de un centenar de sitios al aire libre en casi todas las ciudades y pueblos del país. Ambos servicios exigen al usuario suministrar previamente sus datos personales a ETECSA, que crea la cuenta de acceso, y luego se paga 1.50 CUC, casi 2 dólares, en un país donde el salario promedio es de 25 dólares.
Cuba es una de las sociedades más pobres del hemisferio. El salario promedio mensual es de 25 dólares. Los maestros y médicos pueden ganar entre 20 y 80 dólares mensuales, y los periodistas de medios estatales, los únicos legalizados para ejercer la profesión, reciben entre 12 y 80 por mes.
El contrato de internet y el de telefonía celular contienen advertencias al usuario de que perderá el servicio si viola "las normas de comportamiento ético que promueve el Estado cubano" o usa los servicios "contra la moral, el orden público o la seguridad del Estado".
A la ausencia de privacidad, seguridad y el altísimo costo del servicio de Internet, se suma el hecho de que en los últimos meses ha aumentado el número de páginas webs informativas bloqueadas por las autoridades, como los portales diariodecuba.com, cubanet.org y cibercuba.com sumados a lista que ya incluía a 14ymedio.com, martinoticias.com, cadal.org, entre otras.
En cuanto a Internet en los hogares, solo determinados médicos, periodistas estatales, artistas y funcionarios, así como extranjeros residentes, tienen esta posibilidad, a mejores precios, pero con los mismos controles.
Ha aumentado ligeramente el número de empresas, escuelas y otras instituciones estatales con acceso gratuito a internet para sus trabajadores, gratuito, pero mucho más limitado en calidad y seguridad.
Para aquellos escasos medios impresos, el campo es aún más difícil. No solo por el tema legal, sino por los altos precios que cobra el Estado por el papel (casi 10 USD por 500 hojas A4 de calidad regular) y los recursos de impresión. El mercado negro suele poseer estos bienes a mejores precios y calidades, pero con mayores riesgos legales para los involucrados.
La prensa independiente que aborda contenidos sociales ha crecido en variedad y profesionalidad, sobre todo durante 2016, pero de igual modo ha sido muy golpeada por la Seguridad del Estado.
Las maneras de hostigamiento más frecuentes han sido:
- El encarcelamiento prolongado, acompañado de juicios prefabricados: el comunicador independiente Fernando Vázquez Guerra –también miembro de la Unión Patriótica de Cuba y colaborador de 14ymedio- guarda prisión por un delito relacionado con la actividad de vendedor "por cuenta propia" de comestibles que realizaba. Su encarcelamiento se produjo en 2016, en medio del enjuiciamiento de otros activistas políticos de la ciudad de Camagüey en procesos sin transparencia y evidentemente prefabricados. El grafitero Danilo Maldonado, El Sexto, estuvo preso más de un mes tras la muerte de Fidel Castro, por escribir un grafiti alusivo al hecho y luego realizar comentarios en Facebook, y Eduardo Cardet, activista político, aún guarda prisión desde las mismas fechas por hacer declaraciones públicas, y enfrenta la amenaza de un juicio.
-Las detenciones por horas o pocos días, generalmente para impedir la cobertura de algún evento o hecho por parte del periodista arrestado. Le sucedió así a Maykel González Vivero y un equipo del proyecto Periodismo de Barrio cuando intentaban reportar las secuelas del huracán Matthew en Baracoa; a Reinaldo Escobar de 14ymedio mientras daba opiniones durante la muerte Fidel Castro a un periodista de la Televisión Española –que también fue arrestado; a Anderlay Guerra Blanco y Rolando Rodríguez Lobaina mientras filmaban videos reportajes para su productora Palenque Visión; a Ignacio González Vidal, de En Caliente Prensa Libre, mientras entrevistaba en su estudio al también periodista y arrestado Serafín Morán, y a Sol García Basulto y quien les habla, de La Hora de Cuba, cuando intentaron viajar hasta La Habana a participar en la premiación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, por un grupo de la disidencia.
-Las citaciones para interrogatorios y amenazas, como las sufridas en tres ocasiones por Dagoberto Valdés Hernández, director de la revista Convivencia, Karina Gálvez Chiu, Yoandy Izquierdo Toledo y Rosalia Viñas Lazo, miembros del consejo de redacción de la misma, y otros colaboradores de ese proyecto.
-Las provocaciones violentas, como la sufrida por el comunicador Lázaro Yuri Valle Roca.
-Las prohibiciones de salir de sus viviendas bajo amenaza de arresto, como les pasó a Sol García Basulto y a quien les habla durante el paso de las cenizas de Fidel Castro por la provincia de Camagüey, y durante la visita a la misma de Antonio Guerrero, uno de los cinco espías cubanos liberados por el presidente Obama.
-Las sustracciones, retenciones o decomisos de sus medios de trabajo, especialmente laptops y teléfonos celulares. Esto les ocurrió a Raúl Risco y otros comunicadores de los boletines del Instituto Cubano para la Libertad de Prensa (ICLEP), a Sol García Basulto de La Hora de Cuba (3 veces) y a Ileana Hernández, autora del canal de YouTube Lente Cubano.
-Las revisiones e interrogatorios por funcionarios de Aduana, Inmigración y la Seguridad del Estado en los aeropuertos, como le pasó a Raúl Risco y a quien les habla, al menos cuatro veces.
-Los allanamientos de viviendas que sufrieron los realizadores de boletines de la red del ICLEP, Karina Gálvez de la revista Convivencia, e Ignacio González Vidal, entre otros.
-Las amenazas de diversa índole: de expulsarlo del país y romperle los dientes (al uruguayo residente en Cuba Fernando Ravsberg, autor del blog Cartas desde Cuba); de quitarle la custodia de su hijo o enjuiciar a sus padres (a Sol García Basulto); de no dejarla graduar de la universidad (a Laliana González Carmenates, de La Hora de Cuba); de condenarlo a 15 o más años de prisión (a quien les habla), entre otros.
-Las intimidaciones a la familia que recibieron los padres de Sol García Basulto, de Laliana González Carmenates y de Henry Constantín.
Las acusaciones penales, como la de "participar en una provocación internacional" y "propaganda enemiga", como la que recibió quien les habla por tener material subversivo en su equipaje y su computadora personal (se trataba de revistas y artículos de prensa propios), de la "desobediencia" (la que recibió Sol García Basulto), afortunadamente ambas archivadas –hasta ahora -, y la más grave, la de "evasión fiscal", que pende sobre la articulista de temas económicos y miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia Karina Gálvez, acusación que le provocó seis días de arresto e incomunicación, y que la tiene pendiente de juicio, con amenaza de al menos tres años de cárcel y pérdida de la vivienda propia (que a la vez era la sede del proyecto Convivencia, motivo de la acusación y que se encuentra sellada por las autoridades).
"También en este período, el reportero Vladimir Turró Páez, colaborador de la agencia Hablemos Press, ha sido detenido en al menos tres ocasiones. La Seguridad del Estado lo detuvo el 21 de febrero junto a la periodista independiente Rosa Avilés Carvallo, en La Habana cerca de la embajada de la República Checa, sede diplomática que habían visitado para usar el servicio de internet. Turró Páez fue liberado 27 horas más tarde, mientras que Avilés Carvallo permaneció detenida hasta el 24 de febrero. La periodista, quien no tiene domicilio en La Habana, fue deportada a Camagüey y se le prohibió regresar a la capital.
El 22 de marzo, los periodistas independientes Agustín López Canino y Alexis Pérez Lescailles, fueron arrestados cuando cubrían un desalojo de 72 familias cubanas que habitaban una antigua fábrica textil en el municipio de Calabazar, al sur de La Habana. López Canino denunció que durante el arresto le quitaron su teléfono y una cámara."
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