ESPAÑA: La campaña de descrédito contra una rigurosa investigación sobre la tortura refleja una falta de voluntad para garantizar la no repetición de los hechos
Barcelona/ Mambí en A/ La OMCT deplora enérgicamente las críticas realizadas por varias fuerzas políticas y cuerpos policiales para desacreditar el informe realizado por el Instituto Vasco de Criminología de los casos de tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014. Las autoridades deben abandonar el negacionismo y mostrar voluntad política para reconocer a las víctimas y cumplir las numerosas sentencias y recomendaciones de mecanismos internacionales.
En diciembre de 2017 se publicó el informe final del “Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014”, un informe realizado por el Instituto Vasco de Criminología (IVAC-KREI) adscrito a la Universidad del País Vasco, por encargo de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco. La investigación la realizó un equipo multidisciplinar integrado por un total de 55 profesionales, liderado por tres reconocidos expertos, la doctora en derecho Laura Pego, el experto forense Francisco Etxeberria y el psicólogo Carlos Martín Beristáin.
Mediante la recopilación y análisis riguroso de más de 26.113 documentos, incluyendo sentencias judiciales y resoluciones de organismos internacionales de derechos humanos, y 1.027 testimonios de víctimas, 500 de ellos testimonios directos, la investigación permitió la elaboración de un censo de 4113 casos de personas (17% mujeres y 83% hombres) – nacidas o que viven en la Comunidad Autónoma Vasca- que han denunciado torturas y/o malos tratos entre los años 1960 y 2014.
Aparte del mapeo de casos, el informe también formula una serie de recomendaciones para abordar los retos pendientes en materia de prevención, investigación, sanción y reparación de la tortura a nivel estatal y autonómico. Entre estas, destacan aquellas dirigidas a revertir la impunidad y garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. La investigación destaca que el Tribunal Supremo solo dictó 20 sentencias firmes por tortura de 31 personas detenidas bajo régimen de incomunicación (contra 49 funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil) y en un 60% de los casos los condenados fueron indultados, incluso en casos donde los perpetradores acumulaban varias condenas por la práctica de tortura.
La publicación del informe ha suscitado un gran apoyo de numerosos sectores y de las víctimas que por primera vez ven recogida su experiencia en un informe oficial. Sin embargo, también ha suscitado una campaña de desprestigio encaminada a desacreditar el trabajo y pedir su retirada, con declaraciones de varios partidos políticos y sindicatos policiales. En el último episodio, el 20 de marzo de 2018, la Secretaria General del Partido Popular vasco (partido que gobierna en España) declaró que el informe “es una ignominia” y exigió su “inmediata retirada”, alegando que eran los jueces los encargados de fijar los casos de posibles torturas en sentencias firmes y que el Gobierno vasco debía “proteger la credibilidad” de las fuerzas de seguridad (refiriéndose a la policía autonómica, la Ertzaintza”).
Previamente, el presidente del PP vasco en declaraciones al publicarse el informe, había afirmado que era “un disparate, absolutamente descabellado y un insulto” que el gobierno hubiera encargado la realización de este informe, pidiendo su “rechazo de plano” por “justificar a ETA”. Ninguna de estas acusaciones ha sido fundamentada en base a un análisis del estudio.
Desde el 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España en nueve ocasiones por haber vulnerado la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos prevista en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular por no conducir investigaciones efectivas respecto las denuncias de tortura formuladas por personas detenidas bajo el régimen de incomunicación en conexión con investigaciones por terrorismo. En la sentencia más reciente, en el caso Portu Juanenea y Sarasola Yarzábal v. Spain, emitida el 13 de febrero de 2018, el TEDH condenó a España por trato inhumano y degradante durante el arresto y la detención incomunicada de Igor Portu y Mattin Sarasola en 2008.
Asimismo, varios mecanismos internacionales, entre ellos el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, han documentado casos de tortura y malos tratos en España durante décadas. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en 2015 expresó su seria preocupación respecto a la falta de regulación debida del delito de tortura, el uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden, así como la impunidad y la ausencia de investigaciones exhaustivas y eficaces sobre las denuncias de torturas y malos tratos cometidos por los agentes del orden. Además, tanto el Comité Contra la Tortura como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas han solicitado repetidamente la abolición del régimen de incomunicación tanto en sus observaciones finales como en casos individuales como el caso Achabal Puertas c. España.
En 2003, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la cuestión de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Theo Van Boven, mostró su preocupación por la “reticencia a discutir la incidencia y la extensión de la práctica de la tortura en España, en la medida en que la tortura se ha convertido en un problema de elevado contenido político”.
La OMCT lamenta que a día de hoy la tortura siga siendo un tema tabú en el Estado español. Si bien la tortura y los malos tratos no son prácticas sistemáticas, las numerosas sentencias, opiniones y recomendaciones a nivel internacional evidencian la existencia del problema y que el debate debería centrarse en la implementación de las recomendaciones de los mecanismos internacionales para erradicar esta práctica y abordar las causas que la facilitan.
Por todo lo anteriormente expuesto, la OMCT insta a las autoridades españolas a reconocer públicamente la práctica de la tortura y a servirse de informes como el elaborado por el Instituto Vasco de Criminología para avanzar en el derecho a la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas de tortura y malos tratos.
Secretariado Internacional de la OMCT
Creada en 1985, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) trabaja por la erradicación de la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante, así como por la protección de las personas defensoras de derechos humanos, a través de una coalición internacional de más de 200 organizaciones no gubernamentales, la Red SOS-Tortura.
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