Una Publicación de Archivo Cuba sobre el Tráfico de Personas
Mambí en A/ El gobierno de los Estados Unidos está comprometido a luchar contra la esclavitud moderna, especialmente a partir del Acta de Protección a las Víctimas de Trata de Personas (TVPA por sus siglas en inglés) de 2000. Recientemente, el Departamento de Estado emitió su informe anual para el 2018 sobre la trata de personas (TIP por sus siglas en inglés). Con respecto a Cuba, reconoce que el gobierno "no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas". Sin embargo, por cuarto año consecutivo, la dictadura cubana no fue incluida entre los países de Nivel 3, cuyos gobiernos no están haciendo esfuerzos significativos para cumplir plenamente con los estándares mínimos de la TVPA.
Cuba fue incluida nuevamente en la Lista de Vigilancia (para países de Nivel 2) por, según el Departamento de Estado, los "esfuerzos significativos" de su gobierno para combatir el tráfico al dedicar "recursos suficientes a un plan escrito que, de ser implementado, constituiría esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos". Pero el informe no aclara cómo se supervisará la implementación de dicho plan cuando la dictadura cubana persigue a los defensores de los derechos humanos y en Cuba no hay un poder judicial independiente ni un estado de derecho. Tampoco menciona que históricamente el Estado cubano ignora sus compromisos internacionales, incluidos los tratados que ha ratificado, como el Protocolo contra la Trata de Personas de 2003.
El TVPA define entre las formas severas trata de personas "el reclutamiento, refugio, transporte, provisión u obtención de una persona para trabajo o servicios, a través del uso de la fuerza, fraude o coerción con el propósito de someterla a servidumbre, peonaje o esclavitud involuntaria". Existe amplia evidencia de que el propio gobierno cubano tiene un gran negocio de tráfico laboral y, según sus propias estadísticas oficiales, la exportación de servicios es la mayor fuente oficial de ingresos del país desde 2005.
El informe TIP 2018 reconoce que "el gobierno es el principal empleador en la economía cubana, incluidas las misiones médicas extranjeras y otras misiones en el extranjero", pero sólo dice que constituyen "una fuente importante de ingresos del gobierno cubano". Las últimas estadísticas oficiales sobre servicios de exportación corresponden a 2016, año en que le significaron a Cuba más de 8 mil millones de dólares sin contar el turismo. A pesar de que reflejan una disminución considerable en los pagos recibidos de Venezuela, fueron casi tres veces los ingresos del turismo. De hecho, hay al menos 85 empresas estatales en Cuba dedicadas a vender todo tipo de exportación de servicios a gobiernos o empresas de todo el mundo en abierta violación del derecho internacional y las leyes de la mayoría de los países anfitriones. No hemos podido encontrar ningún caso comparativo de explotación estatal excepto por un esquema similar de Corea del Norte (aunque se desconoce su magnitud).
La explotación de los trabajadores cubanos en el exterior es el elemento más esencial para sostener materialmente los aparatos represivos, de inteligencia y de propaganda que mantienen al régimen dictatorial de Cuba en el poder. También le permite a Cuba ejercer una enorme influencia política en organizaciones internacionales y con muchos gobiernos anfitriones, ya que los trabajadores exportados se utilizan como una herramienta para fortalecer los lazos políticos y económicos así como para obtener asistencia, préstamos, inversiones favorables y mercados para Cuba.
El informe TIP 2018 afirma que "algunos participantes en misiones médicas extranjeras y otras fuentes alegan que funcionarios cubanos fuerzan o coaccionan la participación en el programa" y que el gobierno cubano "reconoce que retiene pasaportes de personal médico extranjero en Venezuela". Además, reconoce: "también se alega que existen deficientes condiciones de trabajo y de vida en algunos países. Los observadores notaron que las autoridades cubanas coaccionaron a algunos participantes para que permanezcan en el programa, incluso presuntamente reteniendo sus pasaportes, restringiendo su movimiento, utilizando "controladores" para vigilarlos fuera del trabajo, amenazando con revocar sus licencias médicas o con tomar represalias contra sus familiares en Cuba si abandonan el programa o imponiéndoles el exilio a los que no regresan a Cuba por orden del gobierno." Sin embargo, la decisión de dejar a Cuba fuera de la lista de Nivel 3 descartó todo eso, además de que dichas prácticas no son esporádicas, sino sistemáticas.
La diplomacia médica de Cuba es sólo posible por parte de un estado totalitario que ejerce un control total sobre los profesionales médicos, garantizando un inventario estable de trabajadores temporales cautivos para exportación en condiciones de servidumbre. Desde hace varios años, Archivo Cuba ha estado informando a los funcionarios de la oficina de Trata de Personas del Departamento de Estado que, sobre la base de documentación exhaustiva y entrevistas a muchas víctimas, se cometen graves violaciones de los derechos humanos contra los trabajadores cubanos enviados al exterior. También se ha recomendado que se revisen en las embajadas de Estados Unidos por todo el mundo las solicitudes de visa de los que han abandonado las "misiones internacionalistas" y que se realicen entrevistas con algunos de los miles de trabajadores que han encontrado refugio en EE. UU. y que están libres de coacción. Muchos tienen sus familias en Cuba y no hablarán libremente, incluso cuando están en el extranjero, por temor a represalias. Sin embargo, en el otoño de 2017 se formó el grupo No Somos Desertores, que tiene miles de miembros entre los llamados "desertores" cubanos a quienes se les niega acceso a sus seres queridos y a su país.
Finalmente, aunque el trabajo de Archivo Cuba no se centra en el tráfico sexual o el trabajo forzado dentro de Cuba, ha recibido información que indica que el informe TIP 2018 también pudiera estar desconociendo la gravedad de estos problemas.
Cuba fue incluida nuevamente en la Lista de Vigilancia (para países de Nivel 2) por, según el Departamento de Estado, los "esfuerzos significativos" de su gobierno para combatir el tráfico al dedicar "recursos suficientes a un plan escrito que, de ser implementado, constituiría esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos". Pero el informe no aclara cómo se supervisará la implementación de dicho plan cuando la dictadura cubana persigue a los defensores de los derechos humanos y en Cuba no hay un poder judicial independiente ni un estado de derecho. Tampoco menciona que históricamente el Estado cubano ignora sus compromisos internacionales, incluidos los tratados que ha ratificado, como el Protocolo contra la Trata de Personas de 2003.
El TVPA define entre las formas severas trata de personas "el reclutamiento, refugio, transporte, provisión u obtención de una persona para trabajo o servicios, a través del uso de la fuerza, fraude o coerción con el propósito de someterla a servidumbre, peonaje o esclavitud involuntaria". Existe amplia evidencia de que el propio gobierno cubano tiene un gran negocio de tráfico laboral y, según sus propias estadísticas oficiales, la exportación de servicios es la mayor fuente oficial de ingresos del país desde 2005.
El informe TIP 2018 reconoce que "el gobierno es el principal empleador en la economía cubana, incluidas las misiones médicas extranjeras y otras misiones en el extranjero", pero sólo dice que constituyen "una fuente importante de ingresos del gobierno cubano". Las últimas estadísticas oficiales sobre servicios de exportación corresponden a 2016, año en que le significaron a Cuba más de 8 mil millones de dólares sin contar el turismo. A pesar de que reflejan una disminución considerable en los pagos recibidos de Venezuela, fueron casi tres veces los ingresos del turismo. De hecho, hay al menos 85 empresas estatales en Cuba dedicadas a vender todo tipo de exportación de servicios a gobiernos o empresas de todo el mundo en abierta violación del derecho internacional y las leyes de la mayoría de los países anfitriones. No hemos podido encontrar ningún caso comparativo de explotación estatal excepto por un esquema similar de Corea del Norte (aunque se desconoce su magnitud).
La explotación de los trabajadores cubanos en el exterior es el elemento más esencial para sostener materialmente los aparatos represivos, de inteligencia y de propaganda que mantienen al régimen dictatorial de Cuba en el poder. También le permite a Cuba ejercer una enorme influencia política en organizaciones internacionales y con muchos gobiernos anfitriones, ya que los trabajadores exportados se utilizan como una herramienta para fortalecer los lazos políticos y económicos así como para obtener asistencia, préstamos, inversiones favorables y mercados para Cuba.
El informe TIP 2018 afirma que "algunos participantes en misiones médicas extranjeras y otras fuentes alegan que funcionarios cubanos fuerzan o coaccionan la participación en el programa" y que el gobierno cubano "reconoce que retiene pasaportes de personal médico extranjero en Venezuela". Además, reconoce: "también se alega que existen deficientes condiciones de trabajo y de vida en algunos países. Los observadores notaron que las autoridades cubanas coaccionaron a algunos participantes para que permanezcan en el programa, incluso presuntamente reteniendo sus pasaportes, restringiendo su movimiento, utilizando "controladores" para vigilarlos fuera del trabajo, amenazando con revocar sus licencias médicas o con tomar represalias contra sus familiares en Cuba si abandonan el programa o imponiéndoles el exilio a los que no regresan a Cuba por orden del gobierno." Sin embargo, la decisión de dejar a Cuba fuera de la lista de Nivel 3 descartó todo eso, además de que dichas prácticas no son esporádicas, sino sistemáticas.
La diplomacia médica de Cuba es sólo posible por parte de un estado totalitario que ejerce un control total sobre los profesionales médicos, garantizando un inventario estable de trabajadores temporales cautivos para exportación en condiciones de servidumbre. Desde hace varios años, Archivo Cuba ha estado informando a los funcionarios de la oficina de Trata de Personas del Departamento de Estado que, sobre la base de documentación exhaustiva y entrevistas a muchas víctimas, se cometen graves violaciones de los derechos humanos contra los trabajadores cubanos enviados al exterior. También se ha recomendado que se revisen en las embajadas de Estados Unidos por todo el mundo las solicitudes de visa de los que han abandonado las "misiones internacionalistas" y que se realicen entrevistas con algunos de los miles de trabajadores que han encontrado refugio en EE. UU. y que están libres de coacción. Muchos tienen sus familias en Cuba y no hablarán libremente, incluso cuando están en el extranjero, por temor a represalias. Sin embargo, en el otoño de 2017 se formó el grupo No Somos Desertores, que tiene miles de miembros entre los llamados "desertores" cubanos a quienes se les niega acceso a sus seres queridos y a su país.
Finalmente, aunque el trabajo de Archivo Cuba no se centra en el tráfico sexual o el trabajo forzado dentro de Cuba, ha recibido información que indica que el informe TIP 2018 también pudiera estar desconociendo la gravedad de estos problemas.
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