El respaldo a esta clase de estatutos tiene la intención de silenciar y censurar la crítica, dijo el presidente de la SIP.
Mambí en A/ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación ante el anuncio del presidente de Bolivia, Evo Morales, a favor de aprobar una ley contra la mentira, amenaza que ocurre luego de acusar a la oposición y a medios de comunicación de difundir información falsa para desprestigiar su gobierno.
Durante un acto público el 22 de agosto en Sucre, Morales expresó que "estoy pensando, tal vez, hay que preparar una ley contra la mentira", para sancionar "al mentiroso, sea autoridad o sean medios de comunicación".
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, del diario peruano La República, expresó alarmado que "cuando a un mandatario le incomodan las denuncias de corrupción y las opiniones contrarias, suelen promover la aprobación de esta clase de estatutos con la intención de silenciar y censurar la crítica".
La propuesta de Morales, quien lleva más de 12 años en el poder, surgió a pocos días de acusar a la oposición y a algunos medios de comunicación de difundir mentiras para desacreditar su administración. Desde 2016 la SIP viene denunciando que el gobierno califica a comunicadores, diarios y radioemisoras independientes que realizan trabajo de investigación periodístico como "cártel de la mentira" y "terroristas mediáticos". Morales ha declarado a la prensa como su "enemigo número uno".
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, del portal mexicano de noticias La Silla Rota, citó la Declaración de Chapultepec en la que se establece que: "Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público", cuyos funcionarios están expuestos a mayor escrutinio.
Varias organizaciones locales de prensa rechazaron la propuesta, entre ellas la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), por considerar que la medida atentaría contra la Constitución y los tratados internacionales que garantizan el ejercicio de libertades y de los que Bolivia es signatario.
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