Por: Archivo Cuba Proyecto de Verdad y Memoria, una iniciativa de Free Society Project.
Mambí en A/ El 9 de agosto de 2018, Alejandro Pupo Echemendía, de 46 años, fue asesinado por guardias en una estación de policía en Placetas, provincia de Villa Clara. Había sido arrestado dos días antes por supuestas carreras ilegales de caballos. Según otro detenido, presentaba un fuerte ataque de nervios cuando un policía lo esposó y varios otros procedieron a golpearlo con palos, bastonazos, patadas y estrellones contra el suelo. Las autoridades de la prisión recogieron el cuerpo inmóvil sólo después de que los demás presos se quejaron. Lo llevaron al hospital, donde Pupo fue declarado muerto. Los familiares insistieron en ver el cuerpo y observaron múltiples signos de trauma. El funeral se realizó con una fuerte presencia policial e impidieron asistir a varios activistas de derechos humanos que intentaron hacerlo.
Un compañero detenido que presenció los hechos, Abel Santiago Tamayo, y la familia de la víctima denunciaron el asesinato a través del destacado activista de derechos humanos de Placetas, Jorge Luis García Pérez, conocido como Antúnez. Antúnez publicó en las redes sociales el video del testimonio de Santiago y los de la esposa, hermana y otros familiares de la víctima, así como fotos del cadáver, que mostraba una lesión en un brazo y la espalda llena de moretones.
La punta del “iceberg”
Este caso es notable porque ha sido reportado de inmediato con videos de un testigo presencial y de familiares de la víctima en los medios sociales y que valientes personas denuncian públicamente los intentos de las autoridades de silenciarlos. Es sólo una ventana a la matanza sistemática en los calabozos de Cuba desde hace casi seis décadas.
A pesar de que los informes son limitados y los recursos escasos, Archivo Cuba ha documentado muertes en prisión o detención atribuidas al actual régimen que incluyen los siguientes 950 casos: 509 ejecuciones extrajudiciales, 22 muertes en huelgas de hambre, 312 muertes por falta de tratamiento médico o razones de salud, y 107 suicidios o supuestos suicidios (muchos podrían ser asesinatos extrajudiciales). Esta dramática cuenta incluye mujeres y menores. Los detalles y las fuentes de información pueden verse en los registros individualmente en database.CubaArchive.org, aunque es un esfuerzo muy insuficiente para exponer el sufrimiento humano y las graves injusticias que emanan de estos contados informes. (Archivo Cuba documenta la muerte de toda persona detenida o encarcelada por cualquier causa debido a la falta de garantías jurídicas y la violación sistemática de los derechos de los reclusos, que son reconocidos en instrumentos internacionales que el estado cubano ha ratificado.)
La gran mayoría de las muertes de reclusos no se reportan, pero se piensa que las víctimas suman cientos cada año. Las condiciones en las prisiones cubanas son espantosas y no permite monitoreo o acceso por parte de organizaciones independientes de derechos humanos, silencia a los testigos y familiares de las víctimas y se persigue a los defensores de los derechos humanos. El número de prisiones es un secreto y no existen estimados bien fundados de la población carcelaria, aunque existen informes creíbles de que la población penal es enorme y pudiera ser entre las mayores en el mundo per cápita. Se estima que existen alrededor de quinientas instalaciones penales que, aparte de las cárceles más conocidas, incluye campos de trabajo forzado, correccionales e instalaciones especializadas para menores, personas con SIDA, prostitutas y militares. Miles de personas guardan años de prisión en toda la isla por su propensión a la "peligrosidad social" pre delictiva (por atentar contra la "moral socialista") o por una variedad de "crímenes" que son una aberración en las sociedades civilizadas y se utilizan para ejercer control sociopolítico, reprimir la actividad económica independiente y castigar a los disidentes y opositores políticos.
Silenciando a los testigos
La Seguridad del Estado de Cuba ha desatado una campaña de amenazas e intimidación para encubrir el asesinato de Alejandro Pupo. El 21 de agosto, el testigo presencial del asesinato, Abel Santiago Tamayo, fue amenazado por las autoridades y obligado a grabar un video
aduciendo que había sido manipulado, aunque no contradijo su relato inicial. Luego explicó (también en video)
que la Seguridad del Estado lo había llevado a una casa de seguridad para obligarlo a retractarse. El 22 de agosto, la sobrina de Pupo y su esposo fueron detenidos, amenazados por la Seguridad del Estado y obligados a filmar una declaración negando los hechos.
Su hijito de 4 años fue empujado y arañado durante el arresto y quedó traumatizado. Varios defensores de derechos humanos de Placetas, incluyendo a Antúnez, Arianna López Roque, y Loreto Hernández García, están siendo asediados y amenazados por las autoridades. El opositor pacífico Alexei Mora Montalvo fue arrestado el 25 de agosto y permanece incomunicado. Otros intentos de confundir a la opinión pública, tal como un correo electrónico masivo con videos de testigos negando los hechos, resultan absurdos.
Los niños también son víctimas
El que las autoridades cubanas abusen incluso de niños para perseguir a sus padres es una vieja realidad. El caso de Daniela Ramón Rodríguez, de 4 años, es uno de tantos. La niña murió el 26 de marzo de 2013 en el Hospital Juan Manuel Márquez de La Habana después de una crisis de salud provocada por el maltrato policial. La detuvieron con sus padres y le negaron alimentos y medicinas durante horas antes de entregarla a su abuelo. La niña padecía de una afección cardíaca grave (fue operada de corazón abierto y sufría de cardiopatía congénita, corazón agrandado y pericarditis agresiva). La policía ignoró las súplicas de sus padres, que estaban siendo presionados a firmar una confesión de que habían cometido un robo con violencia, lo que rechazaron. La policía los amenazó y ofendió frente a su hija. Dos días después del traumático incidente, la salud de Daniela se empeoró súbitamente; estuvo en cuidado intensivo hasta que murió dos meses después. Nunca se presentaron pruebas para respaldar las acusaciones policiales, pero el padre fue recluido en prisión y la madre quedó en libertad cuatro días después del arresto sólo cuando pago una fianza de 500 pesos (mayor que el salario mensual promedio).
Innumerables niños cubanos han estado o están separados de sus padres encarcelados en Cuba durante años bajo todo tipo de acusaciones opresivas o inventadas. Muchos niños han sido atacados, y algunos asesinados, junto con sus familias por guardafronteras, agentes de la policía o la Seguridad de Estado y turbas revolucionarias. Otros han sido o continúan siendo rehenes mientras sus padres son explotados como trabajadores temporales en el extranjero o, si éstos abandonan sus misiones, se les priva de verlos por años.
Esta es la Cuba oculta al mundo que debemos continuar dando a conocer.
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